Once exagentes de policía mexicanos fueron declarados culpables este jueves por su participación en la muerte de 17 migrantes, quienes fueron baleados y quemados cerca de la frontera con Estados Unidos. Según las autoridades mexicanas, este veredicto histórico se suma a la condena de otro agente por abuso de poder en relación con este trágico evento.
La fiscalía mexicana anunció en un comunicado que había logrado obtener una condena contra los 11 agentes de policía acusados de homicidio, mientras que otro agente fue declarado culpable de abuso de poder. Las sentencias finales se confirmarán en los próximos días y podrían resultar en penas de hasta 50 años de prisión para los acusados.
La terrible masacre de los 17 migrantes tuvo lugar en enero de 2021 en la comunidad de Santa Anita, en el estado de Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. Según la fiscalía, las víctimas, 16 de las cuales eran de Guatemala y una de Honduras, perdieron la vida debido a heridas de bala y posteriormente fueron incineradas.
Este acto atroz marcó uno de los episodios más sangrientos registrados en México, un país donde los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos enfrentan numerosos peligros en su travesía.
Las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de esta masacre el 22 de enero de 2021, cuando recibieron una llamada anónima que denunciaba la presencia de dos vehículos incendiados en un camino rural del municipio de Camargo, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. En la escena, se encontraron los restos calcinados de 19 personas en una camioneta de carga y otra con múltiples disparos.
Las investigaciones posteriores revelaron que dos de los cuerpos pertenecían a mexicanos, presuntos traficantes que intentaban llevar a las víctimas a cruzar la frontera. Las autoridades también señalaron que la muerte de los migrantes fue el resultado de disputas entre grupos que buscan controlar actividades ilegales en la región, como el tráfico de drogas y de migrantes.
La captura de los 12 policías involucrados se llevó a cabo en febrero de 2021. El fiscal general de México, Irving Barrios, indicó en ese momento que el mismo día en que ocurrió la masacre, hubo más vehículos transportando a guatemaltecos y salvadoreños que buscaban llegar a Estados Unidos, además de «sujetos armados que les brindaban protección y seguridad».
Varios ciudadanos en los países centroamericanos afectados se sometieron a pruebas de ADN para contribuir en la identificación de los cuerpos, brindando un apoyo crucial en este doloroso proceso de justicia.