El Grupo Independiente de Expertos (GIEI), encargado de investigar el caso Ayotzinapa en México de manera paralela a las autoridades, ha presentado su último informe en la capital tras ocho años de ardua labor. Este grupo ha representado una experiencia de colaboración sin precedentes en el país, buscando hacer frente a la impunidad que ha sido una constante en materia de procuración de justicia.
El informe del GIEI, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vuelve a señalar al Ejército como protagonista de más de la mitad del texto. Los investigadores Ángela Buitrago y Carlos Beristáin han presentado un mapeo de los movimientos de los militares presentes en el lugar de los hechos durante el ataque del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa. Este análisis, basado en el rastreo de sus celulares, contradice sus propias declaraciones y destaca la participación activa del general José Rodríguez, actualmente en prisión, durante los acontecimientos.
El mapeo del GIEI trasciende el ámbito castrense y revela cómo distintas autoridades, desde los servicios de inteligencia del CISEN hasta cuerpos policiales, tenían un control absoluto sobre los movimientos de los estudiantes normalistas, incluso antes de que llegaran a Iguala. Asimismo, se profundiza en el espionaje del Ejército a la red criminal de la región, una cuestión considerada tabú en el ámbito castrense.
Además, el informe del GIEI denuncia la actuación del brazo policial de la Fiscalía de Guerrero durante y después del ataque. Los expertos señalan la participación de la policía ministerial en el ataque contra los normalistas y la omisión de las autoridades respecto a su responsabilidad. Cabe mencionar que, hasta la fecha, el jefe de esta policía en ese momento, un marino retirado, no ha sido llamado a declarar.
El informe presentado por el GIEI amplía la perspectiva del caso, evidenciando los distintos niveles de implicación y responsabilidad de diferentes autoridades del Estado en el ataque a los 43 estudiantes desaparecidos.
El GIEI ha sido fundamental para arrojar luz sobre la red criminal de autoridades y delincuentes involucrados en este lamentable episodio en Iguala, Guerrero. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto el fracaso del Estado, pues las negligencias, omisiones, montajes y ocultamientos orquestados desde las Fuerzas Armadas y otras instituciones han dificultado sustancialmente la búsqueda de los estudiantes desaparecidos o de sus restos.
El Ejército ha sido objeto de críticas constantes por la reticencia en entregar información relevante para el esclarecimiento del caso. A pesar de que documentos divulgados anteriormente mostraban que el Ejército mantenía un centro de inteligencia en Iguala capaz de monitorear las comunicaciones de grupos criminales en la zona, este ha mostrado resistencias para proporcionar dicha información.
Con la salida del GIEI, es esencial que la investigación continúe por parte de otras instancias, como la UEILCA y la COVAJ, para agotar todas las líneas pendientes y encontrar la verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes normalistas de la Escuela de Ayotzinapa. La sociedad mexicana y las familias de los desaparecidos merecen justicia y esclarecimiento en este caso que ha conmovido al país.