Las personas indígenas privadas de la libertad son objeto de graves violaciones a sus derechos humanos, relacionadas particularmente con la detención, aplicación de la prisión preventiva, el acceso a un intérprete traductor, una defensa adecuada y las condiciones de vida dentro de los Centros de Reinserción Social, señala la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos.
En un informe sobre el acceso a la justicia de este sector de la población, la organización no gubernamental indica que de los 209 mil 782 presos en el país, 7 mil 433 pertenecen a un pueblo o comunidad indígenas.
En cuanto a prisión preventiva, asegura que el porcentaje es por demás alarmante en Chiapas, ya que el número de detenidos a los que se le aplica asciende a 52.8 por ciento, y en Oaxaca es de un gravísimo 97.4 por ciento.
Se identificó que la mayoría de las detenciones fueron ilegales. En Chiapas por ejemplo, a 83 por ciento de los presos no se les mostró una orden de aprehensión y 77 por ciento no entendió el motivo de la misma. En Oaxaca, se repite el mismo patrón: de los entrevistados, 83 por ciento mencionó que no les mostraron una orden de aprehensión, y 52 por ciento dijo no haber entendido el motivo.
No sólo eso, en Chiapas 32.55 por ciento aseguró sufrir algún acto de tortura durante su arresto y en Oaxaca el porcentaje fue de 50 por ciento.
La organización no gubernamental especializada en derechos humanos asegura que el acceso a un interprete traductor y el derecho a una defensa adecuada son aspectos sistemáticamente violados por las autoridades mexicanas, ya que el número de estas personas capaces de brindar asistencia a los indígenas privados de la libertad es extremadamente limitado.
Con información de La Jornada