Lo que hasta hace poco se manejaba como cooperación discreta entre agencias de seguridad, hoy parece haberse transformado en una intervención directa: fuerzas de inteligencia y seguridad de Estados Unidos están operando activamente en territorio mexicano para detener a criminales de alto perfil, según fuentes diplomáticas y de seguridad citadas por diversos medios internacionales.
A diferencia de los ejercicios conjuntos o entrenamientos habituales, esta vez no se trata de simulacros. Todo apunta a que el gobierno de Washington ha decidido tomar el control de las operaciones contra el crimen organizado mexicano, ante lo que considera una incapacidad del Estado mexicano para contener el avance de los cárteles.
Los indicios se acumulan. Agentes federales estadounidenses han sido vistos en zonas estratégicas de la frontera norte y el Golfo de México, donde la actividad del narcotráfico se ha intensificado. Además, funcionarios del Departamento de Justicia han confirmado que se han reactivado operaciones coordinadas de inteligencia y rastreo de objetivos prioritarios vinculados al tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero.
El cambio de postura es evidente. La administración estadounidense, que durante años se limitó a la cooperación técnica, ha perdido la paciencia con el gobierno mexicano, especialmente tras el deterioro de la seguridad en regiones donde los cárteles ejercen un control casi absoluto.
Expertos en política internacional advierten que este tipo de acciones podrían representar una violación tácita de la soberanía mexicana, pero también evidencian la magnitud de la crisis: Estados Unidos ya no confía en la capacidad del gobierno de México para enfrentar al crimen organizado.
“Washington ya no lanza advertencias, lanza operaciones”, comentó un exfuncionario de inteligencia. “El mensaje es claro: si México no actúa, ellos lo harán.”
Mientras el gobierno mexicano guarda silencio, la presencia de personal extranjero en misiones activas dentro del país confirma una realidad alarmante: la seguridad nacional está siendo intervenida porque el Estado mexicano ya no puede garantizarla.
