Denuncian grave “defraudación filantrópica”

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La Fundación Mary Street Jenkins que financia a la Universidad de las Américas de Puebla y una de las instituciones de beneficencia más ricas de México, fue saqueada por un grupo de abogados que se llevaron los 13 mil millones de pesos de sus arcas a Barbados.

De acuerdo con una denuncia presentada el 16 de marzo por Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia, el fraude se produjo con la participación del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y algunos miembros de la familia Jenkins, quienes usaron a abogados como prestanombres para quedarse con el dinero de la fundación, lo que de ser cierto sería “la más grande defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia de este país”.

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Guillermo Jenkins fue expulsado de la fundación en 2013, y en 2014, la Fundación Jenkins donó su patrimonio de 720 millones de dólares a la Fundación Bienestar de la Filantropía, que se llevó inmediatamente el dinero a Barbados.

Jenkins de Landa, acompañó su denuncia con suficiente documentación para comprobar la ilegalidad del “contrato marco de donación condicional” entre ambas fundaciones controladas por la familia Jenkins y en las que el denunciante ya no tiene participación.

“La supuesta donación que en este caso se denuncia no es más que una operación simulada en la que, detrás del velo de la personalidad moral creado por la Fundación Bienestar para la Filantropía, en realidad se oculta que dicha fundación es controlada por las mismas personas físicas que controlan la fundación Mary Street Jenkins”, dice Guillermo Jenkins refiriéndose a Elodia Sofía de Landa y a Guillermo Jenkins Astead, sus padres, quienes “siempre han buscado burlar la voluntad testamentaria” de William Jenkins, quien creó la fundación, para quedarse con el dinero, deseo que “ha sido alimentado por la ambición desmedida” de su hermano Roberto Landa, quien es muy cercano a Moreno Valle, asegura.

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Guillermo Jenkins exige investigar el “saqueo” y que los responsables restituyan de manera voluntaria los recursos, y en caso de que no lo hagan, se ejerzan acciones civiles y penales contra ellos.

Con información de Proceso

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