La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que el 2016 no fue un buen año para los derechos humanos y demandó rectitud moral, legal y política.
«La corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas patentizó la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones», declaró el ombudsman Luis Raúl González Pérez en un acto con el presidente Enrique Peña Nieto.
González Pérez, denunció que algunos servidores públicos que cometieron delitos y abusos, no tienen aún castigo, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecieran ser la constante.
De modo que, explica, «la sociedad percibe el cumplimiento y aplicación de la ley como algo discrecional, objeto de negociación y vía para concretar intereses particulares, y se ha minado la confianza en las instituciones y la certidumbre sobre la aplicación de las normas legales.»
También afirmó: en varias partes del país no hubo condiciones mínimas de seguridad para la convivencia social pacífica.
«La violencia y la delincuencia generaron desplazamiento forzado, ejercicio de la justicia por propia mano y se empezó a asumir, como parte de nuestra normalidad, los homicidios, desapariciones forzadas, la extorsión, secuestros y robos, entre otros delitos», informó.
Apuntó, con respecto a la tarea del ejército en la seguridad interior: «Su participación en tareas vinculadas a la seguridad no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado.»
Estas palabras despertaron aplausos para el ombudsman por parte de los representantes de organismos de derechos humanos convocados a Los Pinos. «Los militares, dijo, deben volver a los cuarteles cuando así lo permitan las condiciones del país, pero bajo un programa gradual y verificable.»
Según González Pérez, el año pasado persistieron la tortura, las ejecuciones arbitrarias y desapariciones, hechos frente a los cuales el acceso a la verdad y la justicia sigue siendo una mera aspiración para los familiares.
Frente a esta declaraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presidente Enrique Peña Nieto insistió ayer en su llamado a atender la demanda de aprobar una norma jurídica para dar certeza al actuar de los cuerpos militares en el combate a la delincuencia.
Dijo además, con respecto a las fuerzas armadas: «ellas han asumido la protección de la sociedad frente a la violencia del crimen organizado», subrayó.
Con información de La Jornada