Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, hasta ayer presidente y vicepresidente de la Generalitat y líderes destacados del movimiento separatista, anunciaron en declaraciones públicas que no acatan su cese por parte de las autoridades españoles e hicieron un llamado a la sociedad civil a mantener la resistencia pacífica y democrática.
En menos de 24 horas, el Parlamento catalán declaró la independencia unilateral y el nacimiento de un nuevo Estado en forma de república, anuncio que fue recibido con júbilo por los más fieles simpatizantes del independentismo. Pero, sólo unas horas después, el gobierno español, en virtud de las atribuciones otorgadas por el Senado en una histórica votación, en la que se autorizó la aplicación del artículo 155 de la Constitución –inédito hasta ahora desde 1978– firmó cuatro decretos presidenciales con los que destituyó al gobierno catalán, cerro las oficinas más importantes de la Generalitat –incluidas sus delegaciones extranjeras, también la de México–, disolvió el Parlamento catalán y convocó a elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.
En Madrid, el Poder Ejecutivo del derechista Mariano Rajoy asumió el control del aparato administrativo catalán y concretó las primeras medidas; entre ellas delegó en la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, las funciones de la presidencia de la Generalitat de Cataluña, y cesó al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Luís Trapero, quien se despidió con una carta en la que asumió la orden e instó a sus compañeros a respetar a la nueva autoridad.
Cataluña dejó su condición de autonomía del Estado español para convertirse en una nueva república para que, unas horas después, desde Madrid se derogara cualquier iniciativa en esa dirección, al tomarse el control del gobierno catalán y dar por finalizada la legislatura catalana para dar paso a un nuevo periodo electoral.
Con información de La Jornada