El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para eliminar el fuero de funcionarios públicos.
Por unanimidad (370 votos) quedó avalado un dictamen que ni siquiera dejó fuera al Presidente.
El proyecto modifica ocho artículos de la Constitución Política y será turnado al Senado de la República para su ratificación. Después de la Cámara Alta tendrá que ser aprobado por la mayoría de las 32 legislaturas locales.
La enmienda constitucional cancela la inmunidad procesal del Presidente de la República, a secretarios de Estado, gobernadores, diputados, senadores, ministros, magistrados, legisladores locales, alcaldes, regidores y concejales.
Los altos funcionarios de los tres órdenes de gobierno podrían ser procesados penalmente bajo los principios, derechos y garantías procesales previstos por la propia Constitución Política para cualquier mexicano.
El proyecto mantiene asimismo la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores y adiciona al artículo 17 constitucional el impedimento para castigar con prisión las conductas que atenten contra el honor de las personas, como son los casos de la difamación, la calumnia y la injuria.
