Las necesidades de cada ciudad incrementan con el paso del tiempo, las demandas ciudadanas de hoy en día, no son las mismas que las de hace 5 o 10 años; los constantes cambios a los que estamos expuestos con el desarrollo social y los avances tecnológicos, representan para las administraciones locales nuevos retos que los llevan a modernizarse sí o sí.
En la actualidad, estamos seguros de la inmediatez de las cosas, todo está al alcance de nuestra mano con tan sólo dar un clic, es por eso, que todo gobierno debe ocuparse de dar respuesta a las peticiones de los habitantes de su demarcación bajo nuevos modelos de gestión que permitan identificar todos los ámbitos posibles de desarrollo, mejorar la calidad de vida y se conviertan en ejes transformadores positivos.
Una opción para que las autoridades den ese paso innovador hacia el crecimiento económico y cultural de su localidad, es el reconocimiento y la conservación de las riquezas de su territorio, así como de las características que dan vida a una comunidad, mismas que suelen ser desaprovechadas, descuidadas y totalmente olvidadas.
El patrimonio histórico, cultural y natural de una ciudad, se convierte en el mejor aliado del gobierno local y sus ciudadanos, cuando en sinergia y entendido todo el entramado cultural social que significa, se utiliza como recurso para fortalecer las finanzas de la ciudad, asegurar un crecimiento sostenido y abonar para su mantenimiento.
Es decir, como se ha venido haciendo, el gobierno utilizará el patrimonio, herencia de los que allí habitan, como recurso para atraer el turismo y por ende para generar mayor derrama económica al municipio.
Si bien no es nada nuevo, el paso innovador del que hablo, tiene que ver con el respeto a la herencia de todos los que son parte de ese territorio, pues una vez más, es necesario hacer hincapié que para poder generar un aprovechamiento inteligente de estos “recursos”, debe implementarse un sistema de gobierno colaborativo, dinámico y eficiente.
De negarse a establecerlo, es momento de preguntarse si vale la pena la generación de programas y aceptación de condecoraciones al patrimonio, si no existe el seguimiento a las reglas de mantenimiento que dan los títulos que hoy se presumen para atraer visitantes y muchos menos si el gobierno no está dispuesto a contribuir, proteger y ayudar a los ciudadanos que lo resguardan.
Tal es el caso de Morelia y Oaxaca, que se han visto en riesgo de perder el título de la UNESCO, ante el poco interés de aportar a la conservación del patrimonio y hacer caso omiso a las advertencias que detectan daños en los inmuebles y mantenimiento inadecuado.
Hoy la conservación y regeneración al patrimonio histórico, cultural y natural, representa para los tres niveles de gobierno una opción para fortalecer el desarrollo turístico y financiero, sin embargo, el poco entendimiento de la historia y raíces, así como la burocracia infinita los han llevado a generar iniciativas y leyes que poco contribuyen a robustecer el trabajo entre autoridades y sociedad.
Podría dedicar ésta y las próximas columnas a analizar los lineamientos de protección ambiental, de preservación y conservación tangible o intangible del patrimonio de nuestra nación, pero no se llegaría a ningún lado sin antes responder la siguiente pregunta: ¿A quién o quiénes beneficia una legislación sobre el patrimonio?
La respuesta podría obtenerse a través de una cruel realidad: La voracidad de intereses sociales, políticos y económicos disfrazados de compromisos culturales, la exigencia de los derechos, compromisos y libertades de organismos públicos y autónomos para la sustentabilidad y preservación. Es mi opinión…