La empresa de Ricardo Salinas Pliego acusa sesgo político en el fallo y anuncia que llevará el caso a la Suprema Corte.
Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, anunció que impugnará la reciente resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que le ordena pagar un adeudo fiscal por 2 mil millones de pesos derivado del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al año 2012.
La empresa calificó la sentencia como “ilegal” y aseguró que los magistrados que resolvieron el caso actuaron bajo intereses políticos y con una “consigna judicial” que favorece al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Esta decisión muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas. Ayer fuimos víctimas de ello”, señaló Grupo Elektra en un comunicado difundido en redes sociales.
Resolución unánime
El tribunal, conformado por los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López, determinó por unanimidad que la empresa debe saldar el adeudo, el cual ha sido objeto de litigio durante los últimos cinco años.
De acuerdo con el fallo, la empresa omitió el pago del ISR tras una operación de escisión con la firma Impulsora Industrial Empresarial Beta, la cual, según la magistrada ponente, “nunca operó ni generó actividad económica real”, lo que invalidaría los argumentos fiscales presentados por Elektra.
Acusaciones de sesgo y violaciones procesales
Grupo Elektra afirmó que el tribunal ignoró de manera deliberada las disposiciones de la Ley del ISR vigente en 2012 y violó el debido proceso al rechazar el amparo en lugar de remitir el caso a otro órgano judicial.
“El sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al SAT, legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios”, acusó el conglomerado.
Rumbo a la Suprema Corte
Ante este panorama, la empresa informó que llevará el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la resolución, argumentando violaciones a la legalidad y a los derechos de los contribuyentes.
“Frente a juzgadores parciales, seguiremos defendiéndonos de los cobros abusivos que pretenden imponernos […] Una vez notificada formalmente la sentencia, acudiremos al máximo tribunal del país para solicitar su revisión constitucional”, concluyó Grupo Elektra.
El caso promete convertirse en uno de los más relevantes del año en materia fiscal, al enfrentar a una de las empresas más influyentes del país con el aparato recaudador del Estado, en un contexto donde la legitimidad del Poder Judicial también ha sido puesta bajo el escrutinio público.