Las 11 mujeres que denunciaron tortura sexual y otras agresiones en el operativo policiaco de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, representan a miles de víctimas y dan cuenta de los grandes problemas estructurales del Estado mexicano. Entre ellos el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad.
En comunicado conjunto, emitido tras la segunda audiencia sobre el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de los derechos humanos reconocieron la dignidad de la lucha de las 11 sobrevivientes de tortura sexual.
Recordaron que el 3 y 4 de mayo de 2006, “fuerzas policiales irrumpieron para sembrar terror en Atenco a partir de un operativo diseñado por autoridades y monitoreado en tiempo real, con el objetivo de ‘restablecer el orden’”.
Las detenciones arbitrarias de las 11 mujeres se enmarcan en la captura indiscriminada de más de 200 personas. Éstas devinieron en el ensañamiento contra sus cuerpos como mecanismo de control social. La tortura física, sexual y sicológica que enfrentaron los días 3 y 4 de mayo de 2006 dejó marcas que aún enfrentan.
Por ello, diversas organizaciones exigieron que la CIDH ordene al Estado realizar una investigación seria que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad. Esto, sin descartar pruebas y líneas de investigación relevantes y conducentes a poner fin a la impunidad.
Con información de La Jornada