La Cámara de Diputados uruguaya aprobó la Ley Integral para Personas Trans, normativa que establece medidas para revertir los mecanismos de discriminación y avanzar en la garantía de derechos para esta población como el acceso a vivienda e intervenciones quirúrgicas.
Con 62 votos de 88, no solo de los representantes de la coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio (FA), -que ostenta la mayoría parlamentaria- sino también de miembros de la oposición, el Congreso del país austral dio luz verde a la ley que llevaba año y medio en la órbita parlamentaria.
La ley, que ya había sido avalada por el Senado -con 17 votos afirmativos de 29- se discutió en una sesión extraordinaria que empezó en la tarde del jueves y duró unas diez horas, culminando esta madrugada tras la intervención de más de 40 parlamentarios, quienes expusieron sus argumentos en contra y en favor de la nueva ley, que ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, la diputada del FA Manuela Mutti, señaló a la agencia internacional Efe que la aprobación de la ley hace que Uruguay avance no solo «en derechos y en democracia» sino también «en posibilidades de realmente tener una sociedad más participativa y más justa y que, sobre todo, apunte a su escalón más débil».
«Es una ley avanzada en nuestro país, como han sido muchas otras, y en el contexto latinoamericano (…) Es una bandera que es importante que nuestro país la levante en el marco de los derechos (en América Latina)», sostuvo.
Durante el debate, más de un centenar de personas en favor de la ley aguardaron el resultado expectantes, manteniendo el silencio hasta la aprobación individual del 24 y último artículo, poco antes de las 02.30 hora local (05.30 GMT), cuando estallaron en ovaciones y al grito de «ley trans ya».
En concreto, la ley establece facilidades para el cambio de nombre de las personas trans en el Registro Civil y obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a otras oficinas públicas a destinar, por año, el 1 % de sus puestos de trabajo al colectivo.
Sobre las medidas educativas, Mutti dijo que espera que «reviertan la deserción educativa en este colectivo, que en muchísimos casos no concluye la escuela y mucho menos secundaria», algo que definió como «totalmente necesario para la formación humana de una persona».
Respecto a la salud, el objetivo es poder incrementar la expectativa de vida de los transexuales, que actualmente se ubica entre 35 y 40 años de edad, y generar servicios específicos para el sector que «apunten a la no discriminación», según la diputada.
Uno de los artículos, que despertó polémica en la opinión pública y entre los legisladores, es el que establece que los menores de 18 años no necesitan la autorización de sus padres para cambiar su nombre o recibir tratamiento hormonal.
Puntos principales
Esta nueva legislación contempla distintos aspectos. Por ejemplo, se incluirá la variable ‘identidad de género’ en todos los sistemas oficiales de información estadística, mientras que el cambio de nombre y sexo de acuerdo a la identidad autopercibida dejará de ser un trámite judicial y se podrá llevar a cabo en la Dirección General del Registro de Estado Civil, tal como reseña La Diaria.
Respecto a las becas estudiantiles, un 2 % estará destinado a personas trans, cantidad que asciende al 8 % para la Beca Carlos Quijano destinada a posgrados.
También se reserva un cupo laboral del 1 % en el sector público y los programas de capacitación y formación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
En el ámbito de la salud, las personas trans serán atendidas de acuerdo a su identidad autopercibida y podrán acceder a los tratamientos necesarios para adecuar su cuerpo —incluida su genitalidad— sin más requisito que su consentimiento.
Quienes sean menores de 18 años tendrán acceso a todos estos derechos salvo las cirugías genitales, para las que deberán contar con la aprobación de sus progenitores o responsables legales.
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