El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción rechazó exhortar al gobierno federal y al presidente Enrique Peña Nieto, para que informe sobre el presunto espionaje registrado contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Entre los integrantes del comité que votaron en contra estuvo Arely Gómez, secretaria de la Función Pública y ex procuradora general de la República, quien desde ese puesto habría conocido la información relacionada con el software utilizado para infiltrar los teléfonos celulares de comunicadores y activistas.
Alfonso Pérez Daza, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, puntualizó que la Ley General del Sistema Anticorrupción establece que el primer requisito para solicitar este tipo de datos es que se trate de un hecho en materia de corrupción. El segundo es tener un caso concreto, con evidencias o instrumentado por la autoridad competente.
El comité ciudadano del SNA presentó la propuesta de realizar el llamado al gobierno, ante la posibilidad de que pudiera haber desviación de recursos públicos en la adquisición de un software que se compró para un fin y se utilizó para otro, esto es, que se que se haya registrado un hecho de corrupción. También por la probabilidad de que se haya presentado un ejercicio ilícito del servicio público.
Con información de La Jornada