Según consta en expedientes que posee la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ocho comunicadores asesinados entre agosto de 2013 y enero de 2016, autoridades federal y locales de procuración de justicia cometieron graves deficiencias y omisiones en investigaciones.
Entre las irregularidades se enlistan: apertura tardía de carpeta de investigación de uno de los homicidios; retraso en la realización de las diligencias; omisiones en la elaboración de retratos hablados de presuntos responsables; no investigación de números telefónicos ‘‘claves’’; no recuperación de videos de vigilancia operados por la policía y la negativa de la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República para atraer los casos. Lo más llamativo es que hay expedientes donde la fiscalía ha cuestionado la labor del periodista ultimado.
Además, la CNDH tiene otros doce expedientes por ‘‘agresiones físicas’’ en contra de periodistas y fotógrafos al momento de cubrir actividades, y cuyo material fue destruido. En todos los casos, las agresiones fueron cometidas por elementos de la PGR, Policía Federal, elementos de corporaciones municipales e incluso de la Secretaría de Marina, con el argumento de ‘‘salvaguardar el orden y la seguridad de las personas’’.
Desde 2000 a la fecha, la CNDH ha señalado que son 126 los periodistas ultimados, 20 han desaparicido desde 2005 y se registran 51 atentados contra medios, de 2006 a la fecha.
Con información de La Jornada