Se trata de información que la Procuraduría General de la República ocultó a especialistas internacionales y familiares de desaparecidos durante las investigaciones, en las que indican que el grupo delictivo Guerreros unidos traficaba drogas en autobuses de pasajeros.
El antecedente del cual no se dio información ocurrió el 10 de julio de 2014, en un operativo conjunto del Ejército y la PGR, realizado en Puebla, cuando fueron detenidos Gonzalo Martín Souza Neves y José Bahena Salgado, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros unidos.
En su declaración, Bahena aseguró que trabajaba para Souza Neves por estar amenazado, e indicó que ocultaba droga y dinero en el autobús porque así trabajaba Guerreros unidos.
Pese a que todos esos antecedentes fueron consignados de manera oficial, la PGR no los proporcionó cuando le fueron requeridos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar la indagatoria del caso Ayotzinapa.
El 8 de enero de 2015, la PGR emitió un oficio en respuesta a una solicitud de información sobre los antecedentes, estructura, líderes y células de Guerreros unidos, e indicó únicamente que el grupo delincuencial fue formado en 2011 por integrantes de La familia michoacana y los Beltrán Leyva, y opera en los estados de México, Morelos y Guerrero. Aunque ese documento incluye un esquema mucho más completo de la estructura del grupo, el nombre de Souza Neves no aparece en ninguna categoría, ni siquiera como detenidos o fallecidos, y no hace referencia al tema de los autobuses.
Esta misma falta de datos sobre el detenido o de la utilización de autobuses para traficar drogas puede notarse en los oficios 4800/2015, del 9 de marzo de 2015; el 3417/2015, del 14 de abril; el 9540/2015, del 13 de mayo, y el 137107/2015, del 14 de julio, todos elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la PGR.
En junio de 2016 en el informe final sobre el caso Ayotzinapa, la PGR señaló en la página 164: «respecto de la versión de que el citado autobús (en referencia a uno de los que tomaron los normalistas antes de ser atacados) podría haber sido utilizado para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, hasta el momento no se encontraron evidencias que sustentaran esa hipótesis».
El hecho de que ninguno de los datos sobre los autobuses le haya sido notificado al GIEI ni se incluyera en las indagatorias del caso Ayotzinapa motivó que los padres de los estudiantes desaparecidos enviaran un documento de denuncia a la PGR, entregado el 23 de diciembre de 2016.
Frente a la insistencia del GIEI en que dicha línea de investigación debía agotarse, la respuesta del gobierno federal ha sido siempre que no cuenta con antecedentes de que se emplearan autobuses para el trasiego de narcóticos, lo cual significa que la PGR ocultó información de manera deliberada a los especialistas mientras estuvieron en México, subrayaron los padres en su carta.
Con información de La Jornada