Este viernes 18 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que no retirará la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a pesar de la orden emitida por la jueza Nancy Juárez Salas. Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que dicha resolución «está por encima de su función» y acusó a la jueza de intentar bloquear una reforma que, según Sheinbaum, refleja la voluntad del pueblo mexicano y está respaldada por la Constitución.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, respaldó la postura de Sheinbaum al señalar que los jueces de distrito no tienen facultades para impedir la publicación de reformas constitucionales. «Las reformas a la Constitución están exentas de revisiones del Poder Judicial», subrayó Godoy, añadiendo que la jueza Juárez Salas no puede ordenar a la presidenta que elimine la publicación.
Este conflicto ha generado un debate profundo sobre los límites de la judicatura frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. Mientras Godoy denuncia un «claro conflicto de interés» entre los jueces que han emitido amparos contra la reforma, la jueza Juárez Salas insiste en que el Ejecutivo ha incumplido con una orden judicial previa al publicar la reforma en septiembre, cuando aún presidía el país Andrés Manuel López Obrador.
¿Quién tiene la última palabra?
Aunque Godoy sostiene que la normatividad mexicana impide amparos en contra de reformas constitucionales, lo cierto es que este argumento ha sido puesto en duda. A principios de mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la dirección del ministro Juan Luis González Alcántara, aprobó un proyecto que establece la posibilidad de que el Pleno de la Corte analice controversias sobre reformas constitucionales. Esto abre una puerta para que se examine la reforma al Poder Judicial, contrariando la afirmación de que tales cambios están fuera del alcance de la revisión judicial.
Sheinbaum, firme en su postura, declaró que su gobierno presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se revise la actuación de los jueces involucrados en estos amparos. Sin embargo, admitió que no confía plenamente en que el Consejo actúe, pero insistió en que no permitirá que la impunidad prevalezca.
Una advertencia peligrosa
La jueza Juárez Salas, en su amparo 823/2024, ha sido categórica: si las autoridades no cumplen con su orden de detener la publicación de la reforma, se dará vista al Ministerio Público de la Federación, lo que podría desencadenar sanciones legales. Según el artículo 262 de la Ley de Amparo, las autoridades que no acaten las resoluciones judiciales enfrentan penas de prisión de tres a nueve años, además de la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Mientras tanto, la nación observa atentamente cómo se desarrollará este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. En juego está no solo la reforma al Poder Judicial, sino también los límites de la autoridad constitucional en México y el futuro de la división de poderes en el país.