Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Aunque se eliminó el polémico artículo que permitía bloquear redes sociales, persisten preocupaciones sobre vigilancia ciudadana, desaparición del IFT y suspensión de transmisiones sin orden judicial.
El Senado mexicano avaló la noche del lunes una nueva Ley de Telecomunicaciones impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La norma fue respaldada por Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra, al advertir que la iniciativa abre la puerta a prácticas de vigilancia sin controles judiciales y posibles formas de censura.
Uno de los puntos más controvertidos es la autorización de la geolocalización en tiempo real de teléfonos celulares sin necesidad de una orden judicial. Esta medida, contenida en el artículo 183, ha sido calificada por especialistas como un riesgo a la privacidad y una formalización de prácticas de vigilancia discrecional por parte del Estado.
Otro punto alarmante es que la Secretaría de Gobernación podrá suspender transmisiones de radio y televisión si considera que violan los “derechos de las audiencias”. Aunque se eliminó el artículo 109 que contemplaba el bloqueo de plataformas digitales, se mantiene el artículo 209, fracción IX, que restringe transmisiones de gobiernos extranjeros, con excepción de contenidos culturales o turísticos.
La ley también contempla la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sustituido por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Aunque se incorporó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como órgano técnico, esta dependerá jerárquicamente de la ATDT, restando su supuesta autonomía.
Expertos como el politólogo Sandro Arreola y el consultor en ciberseguridad Jersain Llamas coincidieron en que la ley puede derivar en censura indirecta. “Si las personas sienten que están siendo monitoreadas, se inhibe la libertad de expresión”, advirtió Llamas.
En tanto, legisladores como Ricardo Anaya (PAN) calificaron la ley como una herramienta “para controlar lo que el régimen considera incómodo”. Claudia Anaya (PRI) criticó que el órgano regulador carezca de personalidad jurídica propia, lo cual obliga a sus comisionados a depender legalmente del titular de la ATDT para cualquier acción.
Aunque desde el oficialismo se argumenta que la reforma busca cerrar la brecha digital y garantizar el acceso universal a internet, las críticas persisten por la ambigüedad en los criterios para sancionar y la concentración de poder en el Ejecutivo. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión antes del 2 de julio.