El canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que el primer paso fundamental para enfrentar al crimen organizado en México es detener el suministro de armas provenientes de Estados Unidos. Así lo expresó durante una reunión con víctimas y activistas estadounidenses contra la violencia armada, encabezados por John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto “Stop US Arms to Mexico”.
Durante el encuentro celebrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), De la Fuente reiteró el compromiso del gobierno mexicano para frenar el tráfico de armas de fuego y sus devastadoras consecuencias. Subrayó además la necesidad de una estrategia de comunicación más efectiva que sensibilice a las comunidades de ambos países sobre este fenómeno compartido.
Los activistas estadounidenses enfatizaron la magnitud de la violencia armada en su país: aproximadamente 45 mil muertes anuales y más de 1.3 millones de personas heridas desde la masacre de Sandy Hook en 2012. Afirmaron que muchas de esas armas, vendidas legalmente en Estados Unidos, terminan en manos de criminales en ambos lados de la frontera.
Durante la reunión, se discutió el impacto y la relevancia de las demandas legales que el gobierno mexicano ha interpuesto contra fabricantes y distribuidores de armas en Boston y Tucson. Estas acciones legales, consideradas un enfoque innovador, han logrado que la Suprema Corte de Estados Unidos analice la inmunidad de la industria armamentista, lo que podría marcar un precedente histórico.
Además, se resaltó la importancia de abordar la violencia armada como un problema de salud pública, que incluya la atención a la salud mental y emocional de las personas afectadas, sin dejar de lado el enfoque de seguridad pública. En este sentido, todas las partes coincidieron en que detener el flujo de armas desde Estados Unidos es una medida prioritaria para debilitar al crimen organizado en México.
Finalmente, el canciller De la Fuente y los representantes del movimiento civil estadounidense acordaron mantener un diálogo abierto y constante, con el objetivo de construir soluciones conjuntas que beneficien a ambas naciones.
En la reunión participaron también el consultor jurídico de la SRE, Pablo Arrocha Olabuenaga; el consultor jurídico adjunto “A”, Miguel Ángel Reyes Moncayo; y la directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades, Fadia Ibrahim Nader.