El gobierno de México lanzó el jueves una iniciativa legal que limita la subcontratación de millones de empleados en el país, un plan que fue recibido con malestar por una de las patronales y que anticipa un nuevo choque entre la administración de Andrés Manuel López Obrador y el sector privado.
López Obrador, que asumió el poder en 2018, mantiene un frágil equilibrio en su relación con las poderosas asociaciones empresariales en temas como el manejo de la pandemia del coronavirus y los apoyos a las compañías golpeadas por la depresión económica.
El gobernante afirmó en rueda de prensa que la reforma legal para el sector de la subcontratación laboral u «outsourcing», que prohíbe la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a esa labor y solo la autoriza en casos puntuales, será enviada en las próximas horas a la Cámara de Diputados.
Junto al mandatario, la secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde, remarcó que «el trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía», y detalló que unos 4.6 millones de trabajadores son subcontratados en el país, una cifra sube anualmente en 200,000 personas.
La mitad de ese sector, que ve vulnerados sus derechos de antigüedad, a indemnización por despido o a bajas maternales o por accidente, trabaja en grandes compañías, de más de 150 trabajadores, en la industria manufacturera o el turismo, denunció.
López Obrador reprochó directamente a la firma mexicana Alsea, que opera cafés Starbucks en México y otras marcas como Burger King, por haber despedido a trabajadores durante la pandemia del coronavirus, sin proporcionar detalles sobre las reclamaciones de los empleados.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, criticó en Twitter el proyecto al considerar que «traiciona el compromiso de construir ese cambio legal a partir del consenso con el sector privado».
En diciembre, Carlos Salazar, director del Consejo Coordinador Empresarial, otra patronal, pidió no «criminalizar» el «outsourcing», al conocerse que el partido oficialista Morena pretendía lanzar una reforma legal que consideraba que esa actividad podía resultar «delictiva».
Información de Reuters