El caso de una menor de 14 años en Querétaro, acusada de abortar tras ser víctima de violación, ha generado indignación nacional. La Fiscalía del estado busca imponerle tres años de prisión y exigirle una compensación económica a su agresor, decisiones que han sido condenadas por autoridades federales y colectivos feministas. Este suceso expone una grave revictimización y pone en cuestión la perspectiva de género en la procuración de justicia en México.
Sheinbaum condena la criminalización de la menor
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció enérgicamente en contra de la criminalización de la joven, subrayando que su administración está en contacto con la familia para brindar apoyo legal. «No se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años», enfatizó Sheinbaum. Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que es inconstitucional penalizar el aborto de manera absoluta, garantizando el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin temor a consecuencias penales.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, también expresó su apoyo a la menor y anunció que solicitará una reunión con las autoridades queretanas para abordar el caso y exigir justicia.
La Presidenta @Claudiashein informó que la Secretaria de las Mujeres, @CitlaHM, está en contacto con la familia de la niña a la que se le está criminalizando en Querétaro, luego de sufrir un aborto espontáneo, producto de una violación, por lo que se le brinda apoyo. pic.twitter.com/iaymEcPpQt
— La 4TV (@la_4tv) October 28, 2024
Revictimización y abuso de poder
El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, pone en evidencia serias fallas en el manejo judicial. Esmeralda, la adolescente acusada, sufrió un aborto espontáneo en agosto de 2023. De acuerdo con la colectiva feminista Adax Digitales, la joven fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar tres años mayor. A pesar de que se probó la paternidad de su agresor, la fiscalía cerró la investigación sin proceder con la acción penal en su contra, situación que ha sido denunciada como una clara revictimización.
Además de la condena de tres años de prisión, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro ha solicitado una multa de 518 mil pesos como reparación del daño, a pagar al padre biológico del feto. Esta medida ha sido duramente criticada por colectivos feministas, que la consideran una afrenta a los derechos humanos de la menor.
Perspectiva de género en entredicho
El caso ha generado un amplio debate sobre la falta de perspectiva de género en la justicia mexicana. Las acciones de la Fiscalía queretana contrastan con los principios democráticos y de derechos humanos que el país pretende defender. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito ha denunciado en repetidas ocasiones el uso de la violencia institucional contra víctimas de abuso, lo que refleja una preocupante tendencia hacia la intolerancia y el abuso de poder.
Esmeralda, actualmente bajo arresto domiciliario, espera la fecha de su juicio mientras organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos siguen exigiendo justicia y el cese de la criminalización de las mujeres por ejercer su derecho a decidir.
Su caso evidencia las profundas brechas en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual en México, especialmente para aquellas pertenecientes a comunidades indígenas. La criminalización del aborto en este contexto no solo perpetúa la injusticia, sino que también refuerza la violencia institucional y la falta de perspectiva de género en el sistema judicial.