El Instituto Nacional Electoral (INE) negó por unanimidad la posibilidad de cancelar 26 candidaturas judiciales solicitadas por el Congreso, al argumentar que no cuenta con atribuciones constitucionales ni legales para hacerlo.
De acuerdo con los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, los aspirantes no cumplen con requisitos como promedio mínimo en licenciatura (en ocho casos) y buena reputación (en 18 casos), al estar presuntamente vinculados a investigaciones delictivas. Sin embargo, el INE fue enfático: la responsabilidad recae en los comités técnicos de evaluación y el Senado, no en el árbitro electoral.
“No es nuestro rol ni competencia”: Taddei
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que aceptar la solicitud del Congreso afectaría la certeza electoral y vulneraría el principio de imparcialidad, al influir prematuramente en las preferencias del electorado.
“El INE toma hoy una decisión que otorga certeza, sin anticipar juicios definitivos”, sostuvo Taddei.
La consejera Dania Ravel fue aún más puntual: “Esto pretende poner al Instituto en una posición que no le corresponde”, al señalar que la omisión fue de los comités de evaluación legislativos.
Revisión será después de la elección, no antes
El Instituto aclaró que solo revisará los requisitos de elegibilidad de los candidatos ganadores, antes de entregar constancias de mayoría. En esa etapa, el INE evaluará casos relacionados con la regla “8 de 8 contra la violencia”, y dos causales más: adeudo en pensión alimenticia y fuga de la justicia.
La consejera Carla Humphrey subrayó que ni la Constitución ni la ley electoral prevén la cancelación anticipada de candidaturas por reputación, a menos que exista sentencia firme o causal legal establecida.
Responsabilidad compartida, pero no delegable
Los consejeros Arturo Castillo, Claudia Zavala y la propia Guadalupe Taddei coincidieron en que el INE no puede asumir funciones que corresponden al Legislativo, y que su actuación debe mantenerse “sin sesgos ni inclinaciones”, garantizando certeza, legalidad y equidad electoral.
El consejero Uuc-Kib Espadas concluyó:
“No generamos este problema. El INE ha resuelto sobre la marcha lo que no es de su creación, pero esta vez no hay sustento jurídico para intervenir”.