El Poder Judicial rechaza revisión: suspensión histórica

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En un movimiento sin precedentes, el Poder Judicial de la Federación ha declarado la suspensión de actividades en sus órganos jurisdiccionales, dejando fuera de este decreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta acción comenzará a partir de las cero horas del 21 de agosto de 2024 y se mantendrá hasta que se cumplan las demandas presentadas por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED).

La suspensión incluye plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales laborales federales, centros de justicia penal federal, y otros órganos clave del sistema judicial. Durante este periodo, no se atenderán asuntos jurisdiccionales, salvo casos de extrema urgencia que afecten derechos fundamentales, como la calificación de detenciones, medidas cautelares relacionadas con la prisión preventiva, y decisiones que impliquen peligro a la vida o integridad de las personas.

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Este paro tiene su origen en la falta de respuesta del Congreso de la Unión ante las críticas dirigidas a la reforma judicial propuesta por el Presidente el 5 de febrero de 2024. Según la JUFED, esta reforma compromete gravemente la independencia judicial, un pilar esencial de la democracia y el estado de derecho en México. La suspensión de actividades busca presionar al Congreso para que detenga el proceso de reforma y abra un diálogo inclusivo y reflexivo que permita una reforma judicial integral y bien fundamentada.

La suspensión ha sido decidida de manera pacífica y legal por la mayoría de los magistrados y jueces del Poder Judicial, quienes advierten que esta acción no pretende interrumpir el servicio público de justicia, sino defender la independencia judicial. La JUFED ha hecho un llamado a la sociedad civil para que apoye esta medida en defensa de los derechos y garantías fundamentales.

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Con este panorama, México enfrenta un desafío significativo en su sistema de justicia, donde la tensión entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial ha alcanzado un punto crítico. La resolución de este conflicto será determinante para el futuro del estado de derecho en el país.

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