El hallazgo de 386 cuerpos sin identificar en el crematorio “Plenitud” ha desatado una ola de indignación y dolor en Ciudad Juárez. Familias enteras hoy cuestionan si las cenizas que recibieron son realmente las de sus seres queridos. A esto se suma la exigencia de justicia y transparencia ante una tragedia que parece haber sido permitida por negligencia institucional.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó este martes que la cifra de cadáveres encontrados en el crematorio “Plenitud” subió a 386. El hallazgo, ocurrido el 26 de junio, ha sacudido a Ciudad Juárez, no solo por la magnitud del caso, sino por las sospechas de fraude, encubrimiento y omisiones por parte de funerarias y autoridades sanitarias.
De los cuerpos localizados, 213 corresponden a hombres, 165 a mujeres y ocho permanecen sin determinar. Hasta el momento, solo seis han sido plenamente identificados y entregados a sus familiares. En cinco casos, las familias decidieron la incineración, y en uno, el entierro.
Olga Sáenz, viuda de un ciudadano peruano fallecido en 2022 y cremado en ese lugar, expresó entre lágrimas que vive “una pesadilla”, dudando de que las cenizas que le entregaron sean las de su esposo. “Parecen más bien mortero. Piedritas. No cenizas”, declaró.
Este caso ha expuesto una red de supuestos cobros por incineraciones que nunca se realizaron. Seis funerarias adicionales estarían involucradas, lo que ha dejado a cientos de familias sumidas en la incertidumbre y el dolor.
Además del dolor individual, la tragedia ha despertado una fuerte crítica social. La Iglesia Católica de Ciudad Juárez calificó los hechos como una “tragedia inhumana”. “Nadie merece ser tratado así, ni siquiera después de la muerte”, dijo el vocero Juan Carlos López.
Hasta el momento, dos personas han sido vinculadas a proceso por los delitos de inhumación y respeto a los restos humanos: el dueño del crematorio, José Luis A. C., y un trabajador del lugar, Facundo M. R.
A nivel político, la controversia también ha salpicado a la familia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. La diputada morenista Jael Argüelles señaló que su madre, María Eugenia Galván Antillón, quien entonces dirigía la Coespris, fue la funcionaria que otorgó el permiso al crematorio. Aunque no hay pruebas directas de complicidad, la legisladora pidió una investigación a fondo sobre posibles omisiones institucionales.
Mientras tanto, la Fiscalía de Distrito Zona Norte sigue con las diligencias forenses. Se han hecho más de mil entrevistas, y 181 cuerpos se encuentran en proceso de rehidratación para recuperar huellas dactilares. La esperanza de cientos de familias sigue puesta en una respuesta clara y humana.
El caso del crematorio “Plenitud” se ha convertido en un símbolo de indignación nacional. Aún queda mucho por esclarecer, pero lo que ya está claro es que cientos de familias claman por justicia, dignidad y verdad.