Las calles de Madrid amanecieron prácticamente vacías el lunes, en la primera jornada laborable de un estado de alarma decretado el fin de semana, que seguramente durará más que los 15 días previstos inicialmente, para combatir una epidemia de coronavirus que en España ya se ha cobrado la vida de 297 personas.
El Gobierno, que ha centralizado competencias antes en manos de las regiones, también está considerando el cierre de las fronteras para detener el contagio en España, que muestra la mayor incidencia del patógeno en Europa después de Italia.
Alrededor de 47 millones de personas llevan parcialmente confinados desde el sábado por la noche y solo pueden salir de casa para trabajar, comprar comida o medicamentos, o ir a un centro sanitario. Entre las pocas personas que transitaban por las calles desiertas de Madrid o viajaban en un metro casi vacío el lunes por la mañana, muchas llevaban máscaras.
Más de 1.000 soldados se han desplegado por todo el país para supervisar el confinamiento, pidiendo a la gente volver a sus casas a no ser que tuviesen una justificación.
El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, reconoció el lunes que se prorrogará la situación. «Evidentemente en 15 días no creo que estamos con capacidad de ganar esta batalla», dijo a RNE, sin precisar qué medidas concretas se prorrogarían.
En Madrid, la policía multó a 199 personas y detuvo a otra por no respetar la cuarentena, dijo el alcalde José Luis Martínez Almeida a la cadena de televisión pública TVE.
El Gobierno ha tomado medidas generalizadas, incluyendo el uso de drones con megafonía pidiendo a la gente quedarse en casa, pero hasta la fecha no ha cerrado las fronteras. El turismo se ha suspendido con la vecina Portugal, si bien se permite el paso a los trabajadores.
El cierre de las fronteras es una de las opciones que se están barajando para ayudar a frenar el brote de coronavirus, según señaló el lunes el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska a la Cadena Ser. «Es una posibilidad», dijo, añadiendo que este extremo se discutirá junto con otras medidas con los demás ministros de la UE.
El Gobierno español aprobó el sábado el estado de alarma, atribuyéndose poderes excepcionales de manera temporal para combatir la propagación del coronavirus, entre ellos la limitación de la movilidad de la población y la posibilidad de intervenir empresas para afrontar la crisis sanitaria.
El lunes la Guardia Civil dijo que se había incautado de 150.000 mascarillas que pondrá a disposición del sistema de salud.
El Consejo de Ministros se reunirá el martes para decidir cómo hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y el cierre de comercios tras no haber podido acordar un paquete de medidas este fin de semana.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo el domingo que las instalaciones de salud privadas serán transferidas al sistema nacional para fortalecer la respuesta del país contra la epidemia.
España tiene el quinto mayor número de casos de coronavirus en el mundo, detrás de China, Italia, Irán y Corea del Sur. El número oficial de muertes por coronavirus subió el lunes a 309 —frente a las 288 hasta el domingo—, con 1.000 nuevas infecciones más, hasta un total de 8.744 casos. Entre las últimas personalidades en contraer el COVID-19 se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El jefe del centro de emergencias sanitarias del país, Fernando Simón, dijo que las medidas introducidas por el Gobierno contra el avance del brote no se percibirán hasta dentro de tres o cuatro días, y añadió que el número de nuevos casos en el escenario más pesimista será todavía importante durante al menos diez días.
China enviará equipos de protección y dispositivos médicos y está considerando enviar también personal médico para reforzar el servicio de salud español, según un tweet de la embajada china en Madrid.
Con información de Reuters
