México rechazó aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para examinar casos individuales de este delito. La cancillería argumentó que para avalarla se necesitaría de un proceso sustantivo que involucra la opinión de un gran número de instituciones relevantes, y que continúa bajo consideración.
«La negativa de las autoridades mexicanas es muy grave para un país que tiene más de 34 mil desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales», coincidieron James Cavallaro, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Hace unos días la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que para el gobierno mexicano ha sido prioritario tener el marco jurídico que ofrece la nueva normativa y trabajar en su instrumentación. Se comprometió además a seguir trabajando con organismos internacionales, la sociedad civil y los colectivos de familiares, sobre todo para atender las acciones urgentes que el comité emita en los casos de personas desaparecidas.
Cabe señalar que de marzo de 2012 a octubre de 2017 el Comité contra las Desaparición Forzada de la ONU ha emitido 419 acciones urgentes a diferentes países, y México ocupa el primer lugar, con 304. Seis de esos casos son atendidos por Idheas.
«Un punto que nos preocupa es que no existe un compromiso puntual y concreto del Estado mexicano para aceptar, reconocer y atender las acciones urgentes, que tienen que ver con la búsqueda de personas desaparecidas», señaló Gutiérrez.
Para Cavallaro «es realmente grave que México no reconozca el problema y haya rechazado la competencia del comité. ¿Qué otro Estado tiene entre 34 y 35 mil desaparecidos oficialmente? Además que sabemos que existe un subregistro. Se necesitan tomar todas las medidas correspondientes», indicó.
Con información de La Jornada