El crimen con fachada de empresa
Mientras el gobierno mexicano insiste en negar que el narco se infiltra en la economía formal, Estados Unidos acaba de ponerlo en evidencia. El Departamento del Tesoro sancionó a 12 empresas mexicanas y ocho personas acusadas de abastecer precursores químicos al Cártel de Sinaloa, específicamente al grupo encabezado por “Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera.
La investigación del gobierno estadounidense revela una red empresarial que operaba con aparente legalidad, dedicada a importar, almacenar y distribuir sustancias utilizadas para la producción de fentanilo. El golpe no es menor: se trata de compañías con sede en Sinaloa, Jalisco y Sonora que funcionaban como laboratorios camuflados, bajo nombres comerciales y registros fiscales vigentes en México.
Una red que ya había sido advertida
Entre los nombres que vuelven a aparecer está Sumilab, empresa sinaloense que en 2023 ya había sido incluida en la lista negra de Washington por las mismas prácticas. Hoy, el Tesoro asegura que la compañía continuó operando bajo nuevas razones sociales y con prestanombres para burlar las sanciones.
La familia Favela López, señalada como responsable de varias de estas firmas, vuelve a ocupar el centro del escándalo. De acuerdo con la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López usaron una red de empresas “de laboratorio” para mover los químicos hacia los productores del cártel.
Las autoridades estadounidenses también ubicaron a Martha Emilia Conde Uraga, conocida como “Martita”, como una de las intermediarias clave que distribuía los insumos en bodegas cercanas a Culiacán y Los Mochis.
El narco en bata de laboratorio
El señalamiento es contundente: las empresas sancionadas no eran talleres clandestinos ni bodegas ocultas, sino negocios registrados ante el SAT, con licencias y operaciones bancarias formales. A través de ellas se vendían y distribuían solventes, reactivos y químicos que terminaban en los laboratorios de fentanilo más violentos del país.
Las sanciones de Washington implican el congelamiento de todos los activos de las compañías y personas señaladas, así como la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones con ellas. En términos simples: quedan fuera del sistema financiero global.
Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo lograron operar durante años, a plena vista, sin que el gobierno mexicano las detectara o las detuviera?
El silencio del Estado mexicano
Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha anunciado acciones inmediatas contra las empresas o los individuos mencionados por Estados Unidos. No hay cateos, no hay detenciones, no hay aseguramientos.
El gobierno que promete “no tolerar al crimen organizado” guarda silencio cuando el crimen viste traje, paga impuestos y se disfraza de empresario.
El caso exhibe, una vez más, que la estrategia contra el narcotráfico se detiene justo donde empieza la complicidad política y económica.
Mientras las agencias estadounidenses rastrean laboratorios, congelan cuentas y exponen nombres, México responde con mutismo burocrático y discursos sobre soberanía.
