El Gobierno del Estado y la Fiscalía General de Michoacán informaron la detención de ocho personas tras los disturbios registrados la tarde del domingo en Palacio de Gobierno, donde un grupo de manifestantes irrumpió durante una protesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
De acuerdo con la información oficial, los detenidos fueron acusados de daños a propiedad pública y alteración del orden, luego de que un contingente ingresara por la fuerza al edificio histórico en el centro de Morelia. Testimonios de asistentes y videos difundidos en redes sociales muestran que los manifestantes exigían justicia y seguridad tras el homicidio del edil, ocurrido la noche del sábado en plena celebración del Día de Muertos.
Carlos Manzo había denunciado públicamente la infiltración del crimen organizado en el gobierno municipal y estatal, y pidió apoyo al Estado y a la Federación ante las amenazas de los cárteles que operan en la región. Su asesinato provocó una ola de indignación y miedo entre la población de Uruapan y otros municipios michoacanos.
Los inconformes acusan que el gobierno estatal está intentando criminalizar la protesta social y desviar la atención del fondo del problema: la colusión entre autoridades y grupos delictivos. “No son delincuentes, son ciudadanos que piden justicia por un alcalde asesinado”, reclamó uno de los participantes tras conocer las detenciones.
Mientras tanto, colectivos ciudadanos y organizaciones civiles han exigido la liberación de los detenidos y una investigación imparcial sobre los hechos, insistiendo en que la protesta fue una reacción legítima ante la impunidad y la violencia que atraviesa Michoacán.
Por su parte, la Fiscalía aseguró que las investigaciones sobre el asesinato de Manzo avanzan, aunque no ha ofrecido detalles sobre posibles responsables o motivos. En contraste, familiares del edil y líderes sociales han advertido que la respuesta del Estado ha sido más rápida para reprimir manifestaciones que para resolver crímenes.
El caso de Uruapan se suma a una serie de asesinatos de funcionarios locales, empresarios agrícolas y activistas en la entidad, lo que evidencia, según analistas y defensores de derechos humanos, una escalada del poder del crimen organizado y el debilitamiento de las instituciones.
