El ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, presentará una demanda por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, represión al movimiento popular de 2006 y 2007 a cargo del ex presidente Felipe Calderón, el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y una docena de altos funcionarios.
El fin es demostrar que a 12 años de distancia, la forma en que actuó el Estado en ese momento es un patrón sistemático y generalizado de guerra de baja y mediana intensidad, como estrategia de contención de la protesta social.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad para el caso Oaxaca 2006-2007, fueron abatidos 30 civiles durante los ataques de grupos armados a las barricadas.
Peimbert, cuyo cargo al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es transexenal, explicó que en 2016, recién consumada la transición de poderes entre Ruiz y el candidato ganador de la alianza PRD-PAN, Gabino Cué, la consejera de la Comisión de la Verdad, María Eugenia Mata García, le entregó un informe reservado, distinto al que se hizo público, con documentación completa sobre las violaciones a derechos humanos. «Ese reporte señalaba claramente líneas de investigación que no se habían seguido. Era mi obligación abrir esos expedientes y eso fue lo que hice» dice el defensor.
Sin embargo, durante el sexenio de Cué no se cumplieron compromisos de depuración del sistema de procuración de justicia. «Después de algunos años en la defensoría llegamos a la conclusión de que no había posibilidad alguna de lograr justicia a nivel local. Por ejemplo, frente a la fiscalía supuestamente autónoma, quedó Rubén Vasconcelos, quien fue subsecretario de Gobierno y subprocurador en tiempos de Ruiz. Carlos Santiago ocupó el mismo cargo con Cué. Se impuso el continuismo.» reafirme Peimbert.
A raíz de Nochixtlán, en julio de 2016, entendimos que Cué había roto todo compromiso de justicia transicional y privilegió su alianza con el presidente Enrique Peña Nieto. A cambio de dejar soterradas todas las resoluciones que señalaban las violaciones graves en los hechos de 2006 y 2007, pactó la impunidad de las fuerzas federales en los ataques contra los pobladores de Nochixtlán, donde resultaron muertas ocho personas y donde la desproporción del ataque, mil policías, algunos con armas de grueso calibre para desalojar un bloqueo de no más de 30 maestros, quedó grabada por las cámaras de los medios de comunicación. A la fecha no hay ningún procesado.
Sostiene Peimbert: «Para llevar este caso ante la Corte Penal nos inspiramos en el que presentó Michael Chamberlin, del Comité de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, sobre Coahuila. Ahí se documenta la acción concertada del grupo criminal de los Zetas con los gobernadores Humberto y Rubén Moreira, y en consecuencia la desaparición comprobada de más de mil 800 personas y las masacres de Allende y Piedras Negras. Por tratarse no de casos aislados, sino de un patrón de violencia sistemática y generalizada, la CPI lo admitió en junio del año pasado.»
Con información de La Jornada