La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, gasta más de 6 millones de pesos al mes en 97 asesores, revelando una burocracia onerosa que opera con recursos públicos mientras el país atraviesa crisis en salud, educación y seguridad.
El contraste es brutal: su predecesora en la presidencia de la Corte apenas contaba con 6 asesores. Es decir, Aguilar Ortiz multiplicó por más de 16 la plantilla, disparando los costos de manera injustificable.
Entre los asesores más polémicos destacan Bidulfo Rosales, abogado de los padres de Ayotzinapa, quien percibe un sueldo de 118 mil pesos mensuales, y Daniel Wong Ibarra, ligado a la organización religiosa La Luz del Mundo, cuya cúpula enfrenta acusaciones de abuso y corrupción.
Sueldos dorados y opacidad
La nómina de asesores de Aguilar Ortiz incluye perfiles con vínculos políticos y religiosos cuestionables. El gasto mensual supera los 6 millones de pesos, lo que equivale a 72 millones de pesos al año, solo en sueldos, sin incluir prestaciones ni beneficios adicionales.
El cambio con la administración anterior resulta evidente: en lugar de 6 asesores, la presidencia actual engorda su estructura con casi un centenar de “consejeros”, muchos de ellos con trayectorias polémicas.
Una Corte desconectada de la realidad
Mientras hospitales reportan desabasto de medicinas, millones de mexicanos enfrentan pobreza laboral y la educación pública sigue en crisis, la SCJN parece operar en otra realidad, con una nómina inflada y asesores con sueldos equiparables a altos funcionarios internacionales.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede justificarse que el máximo tribunal del país multiplique por 16 el número de asesores y consuma recursos que podrían destinarse a necesidades urgentes?
