Con la aprobación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes se castigará con tres años de cárcel a policías y funcionarios públicos de todos los niveles que traten de forma inhumana o degradante, incluso con ofensas verbales a detenidos no violentos.
La ley prevé además la obligatoriedad del uso de GPS para policías que realicen detenciones, con el objetivo de controlar los tiempos hasta que los agentes presenten el aprehendido ante el ministerio público y evitar con ello que incurran en actos de tortura.
Se establece también, la creación del Mecanismo Nacional de Prevención, integrado por expertos independientes, que formarán parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que podrán visitar, sin previo aviso, cualquier centro de reclusión, incluidos los de tipo militar.
Con información de Excélsior