El primero de marzo de 2016, el enlace en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa recibió en su celular el mensaje de texto: ‘‘En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir’’. Seguido, un enlace que dirigía a una página de una agencia funeraria, pero en realidad era un hipervínculo malicioso que al darle click ejecuta el programa de espionaje Pegasus, que la empresa israelí NSO Group vende exclusivamente a gobiernos.
Tres días después, llegó un nuevo enlace con un mensaje similar. Así lo reveló una investigación realizada por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, que acredita que integrantes del GIEI habrían sido víctimas de espionaje por parte de dependencias de seguridad del gobierno federal.
El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, calificó a esta revelación como extremadamente preocupante y demandó al gobierno mexicano una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje.
El caso es especialmente grave porque fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática, por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia CIDH. Por tanto, el espionaje en su contra podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional.
Con información de La Jornada