La tensión en el campo mexicano alcanzó un nuevo punto crítico. Campesinos tomaron las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Morelia, Michoacán, exigiendo al gobierno federal un ajuste urgente al precio del maíz y advirtiendo que, de no obtener una respuesta inmediata, “tomarán las armas” para defender su sustento.
Los productores, agrupados en distintas organizaciones agrícolas del estado, aseguran que el precio actual de compra fijado por el gobierno, 4 mil 850 pesos por tonelada, no cubre los costos de producción ni garantiza su supervivencia. Reclaman un precio justo de 7 mil 500 pesos por tonelada, cifra que, dicen, permitiría equilibrar las pérdidas acumuladas por el alza en fertilizantes, combustibles y transporte.
“Estamos cansados de promesas y mentiras. Si no nos escuchan, tendremos que defendernos. El hambre también mata”, declaró uno de los líderes del movimiento frente a la sede de la dependencia estatal.
Durante la toma, los manifestantes bloquearon los accesos al edificio y colgaron mantas en las que acusan a la administración de Claudia Sheinbaum de continuar la política de abandono al campo que caracterizó al sexenio anterior. Exigen la intervención directa de la presidenta y del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, para resolver el conflicto.
El enojo campesino no es nuevo. Desde hace meses, los productores de maíz han advertido sobre una crisis nacional en el sector agrícola, derivada del recorte de apoyos, la falta de subsidios al diésel y los bajos precios de garantía.
Michoacán, uno de los estados con mayor producción de maíz blanco del país, se ha convertido en el epicentro de las protestas. Las movilizaciones se replican ya en Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Puebla, donde también exigen precios justos y denuncian el abandono estructural del campo mexicano.
Analistas advierten que la situación puede escalar si el gobierno no actúa con rapidez. Los campesinos se sienten ignorados, sin alternativas ni diálogo real, y cada vez son más las voces que advierten de un posible estallido social en las zonas rurales.
El campo, dicen los productores, está al límite.
Y con él, la paciencia de quienes lo sostienen.
