Este viernes ha surgido una noticia que ha encendido las alarmas en el ámbito digital mexicano: diputados de Morena y el Partido Verde están impulsando una polémica Ley de Ciberseguridad que busca otorgar un inmenso poder al Ejército y al Gobierno para controlar el internet en México.
Bajo la justificación de garantizar la seguridad digital y combatir posibles riesgos en línea, esta iniciativa plantea medidas que podrían tener serias implicaciones en la libertad de expresión y en la privacidad de los usuarios. Aquí te presentamos los puntos más preocupantes que ha generado esta propuesta:
- Militarización del internet: La Ley de Ciberseguridad permitiría al Ejército llevar a cabo labores de monitoreo en internet, lo que significa que podrían vigilar todas las actividades en línea de los ciudadanos. Esto plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y el potencial abuso de poder.
- Censura y eliminación de contenido: Se contempla la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, controlada directamente por el Presidente, que tendría la facultad de eliminar cualquier contenido en internet que considere ilícito. Esta medida abre la puerta a la censura y al control de la información en línea.
- Nuevos delitos cibernéticos: La propuesta introduce una serie de delitos cibernéticos con definiciones amplias y vagas, lo que podría conducir a la criminalización de conductas legítimas. Por ejemplo, se castigaría con hasta 6 años de cárcel a quienes «inciten a la hostilidad» o «desinformen a la población» a través de contenido en internet.
- Inteligencia militar en línea: La Ley también otorgaría a la SEDENA la capacidad de llevar a cabo labores de «inteligencia» en internet, lo que plantea preocupaciones sobre la vigilancia masiva y el potencial abuso de poder por parte de las fuerzas armadas.
- Falta de definición y garantías: La propuesta carece de definiciones claras y salvaguardas contra posibles abusos, lo que deja a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad frente al Estado. Además, se obligaría a las personas a entregar información sin garantías de protección.
Esta iniciativa, presentada por el diputado Javier López Casarín, se espera que sea votada en febrero de 2024. Sin embargo, la comunidad digital mexicana ha expresado su preocupación y ha instado a que se consideren las implicaciones de esta propuesta antes de su aprobación. Con la libertad de expresión en juego, es fundamental que se protejan los derechos digitales de los ciudadanos.
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