El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, encendió las alarmas nacionales al reconocer públicamente que los cárteles del narcotráfico están infiltrados en el gobierno, luego del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero y defensor de los derechos de productores agrícolas en la región.
El homicidio de Bravo, ocurrido el fin de semana, sacudió a Michoacán y al país entero. El líder había denunciado repetidamente el cobro de piso y las extorsiones sistemáticas del crimen organizado en la cadena productiva del limón, una de las más importantes del estado.
En entrevista con medios locales, el edil Carlos Manzo declaró con crudeza:
“Los cárteles están infiltrados en el gobierno. No podemos seguir negando lo que todos sabemos: la delincuencia tiene tentáculos en las instituciones y ha penetrado estructuras que deberían protegernos.”
Una verdad incómoda que se sabía, pero nadie admitía
Las palabras del alcalde confirman lo que productores, empresarios y ciudadanos llevan años denunciando: que la violencia en Michoacán no solo es un problema de seguridad, sino una red de corrupción política y complicidad institucional.
Bernardo Bravo, quien encabezaba a los productores limoneros, había exigido en múltiples ocasiones la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en zonas donde los grupos criminales cobran cuotas a los agricultores por cada kilo de fruta cosechado o transportado.
Su muerte representa un golpe devastador para el movimiento civil que intentaba liberar al campo michoacano del control del crimen organizado.
Michoacán, un territorio donde el crimen dicta las reglas
La declaración del alcalde Manzo pone en evidencia el vacío de poder y la normalización del terror en Michoacán, un estado donde los grupos criminales se han convertido en actores políticos y económicos.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Michoacán se mantiene entre los cinco estados con más homicidios dolosos en el país, y las disputas entre grupos como Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Tepalcatepec han dejado cientos de comunidades desplazadas.
Lo más grave es que, según denuncias de colectivos ciudadanos, muchas autoridades municipales operan bajo amenazas o en colusión con estos grupos, garantizando su impunidad.
Silencio federal, miedo local
Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido una postura oficial ante las declaraciones del alcalde ni sobre el asesinato de Bernardo Bravo.
El silencio contrasta con la urgencia de un estado sumido en la violencia, donde incluso los representantes del poder local admiten su incapacidad para contener al crimen.
Lo que Manzo ha dicho en voz alta, que el gobierno está infiltrado por los cárteles, es el secreto a voces que explica la impunidad, la corrupción y la muerte de quienes se atreven a enfrentar al poder del narco.
