El exsecretario de Gobernación y actual senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, enfrenta nuevos señalamientos por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.
Según una investigación publicada por El País, en un periodo de cinco años desaparecieron cerca de 30 millones de pesos de sus registros ante la Secretaría de la Función Pública, sin que exista una justificación clara sobre su origen o destino.
El reportaje detalla que López Hernández reportó ingresos millonarios durante 2023 y 2024, los cuales no aparecen reflejados en sus más recientes declaraciones fiscales ni patrimoniales.
Ante esto, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y varios de sus comités estatales solicitaron una revisión integral de sus bienes, movimientos fiscales y posibles conflictos de interés, exigiendo transparencia absoluta dada la relevancia de su cargo y su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Un caso más que exhibe la contradicción del “no mentir, no robar”
La revelación vuelve a poner en entredicho el discurso de honestidad de Morena y de la llamada “Cuarta Transformación”.
López Hernández, considerado uno de los hombres más cercanos a la presidenta y excoordinador político del movimiento, ha sido señalado anteriormente por su influencia en la asignación de contratos públicos y por mantener vínculos empresariales que podrían representar conflictos de interés.
El posicionamiento del SNA, firmado por la doctora Vania Pérez Morales, presidenta del Comité Coordinador Nacional, enfatiza que ninguna figura pública debe estar por encima de la ley, y pide que el Senado, el SAT, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera realicen las verificaciones necesarias sin sesgos ni omisiones.
Transparencia o impunidad
Aunque el senador no ha emitido una respuesta formal, su equipo ha desestimado las acusaciones calificándolas de “ataques políticos”. Sin embargo, los organismos ciudadanos exigen rendición de cuentas y revisión inmediata de los registros fiscales y bancarios, pues el monto y la falta de consistencia entre años fiscales son considerados indicios graves de irregularidad.
Para los expertos en transparencia, este caso podría marcar un precedente si las autoridades deciden actuar con independencia, o una muestra más del doble discurso de la 4T, que exige probidad mientras protege a los suyos.
