La misma coalición parlamentaria que destituyó a Dilma Rousseff ratificó en su cargo a Michel Temer al rechazar la apertura de un juicio por corrupción impulsado por la Procuraduría General de la República que cuenta con evidencias para enjuiciarlo. La Constitución brasileña establece que para abrir un juicio a un presidente en funciones es necesario contar con una mayoría especial de 342 diputados, equivalente a los dos tercios del Casa integrada por 513 miembros.
El oficialismo sumó, en medio de denuncias de compra de votos, 263 apoyos mucho más de los que precisaba para garantizar la impunidad del ocupante del Palacio del Planalto.
Luego de doce horas de sesión tensa pero en la que la oposición parecía estar advertida de que no tenía chances de victoria ante los cerca de 9 mil millones de reales ( cerca de 3 mil millones de dólares) desembolsados por las autoridades en la forma de subsidios, cargos y partidas presupuestarias destinadas a los parlamentarios
Los congresistas que apoyaron la obstrucción de la justicia prefirieron expresarse brevemente, como para aparecer lo menos posible ante las cámaras porque sabían que la repulsa que recibirían del público: según encuestas recientes el 81 por ciento de los brasileños pidió el procesamiento de Temer, cuya aprobación cayó al 5 por ciento, la más baja de todos los presidentes civiles posteriores a la dictadura.
Con información de Página12