Es una dura realidad: Donald Trump será el nuevo Presidente de los Estados Unidos. Ahora que el principal detractor de los hispanos se convirtió en el sucesor de Barack Obama en la Casa Blanca, quizás la pregunta que muchos se formulan es, ¿qué pasará con todos los mexicanos que viven como indocumentados en Estados Unidos? ¿Cuál será su destino en un país gobernado por un presidente que prometió acabar con la migración irregular?
Pese a que políticos y organizaciones reconocen el trabajo que los hispanos de origen mexicano realizan en un país ajeno, y la enorme contribución que aportan a la economía de Estados Unidos, para el republicano, eso tiene poca relevancia.
Desde el inicio de su campaña, Donald Trump prometió la construcción de un muro en la frontera de México para evitar la entrada de indocumentados, y por si fuera poco, el empresario advirtió que la edificación del muro sería pagado por los mexicanos.
Ahora esa promesa de campaña que muchos odiaron y otros alabaron, se podría cumplir, aunque de inicio Trump mencionó durante una entrevista que el muro sólo se reforzaría en puntos con alto flujo migratorio y que se quedará como está en otras zonas.
Sin embargo, también fue muy claro al decir que inmediatamente después de tomar posesión, la primera acción que hará como nuevo Presidente de la nación más poderosa del mundo será deportar a cerca de tres millones de indocumentados que cuenten con algún historial delictivo. A partir de este punto la amenaza es tangible.
El Gobierno mexicano ya está pensando en este escenario, ¿qué pasaría si miles de connacionales regresan a un país desestabilizado económica, política y socialmente? De entrada no existirían empleos disponibles para ellos, aún haciendo su mejor esfuerzo, impulsando a las pymes, incentivando el flujo de capital interno, promoviendo el mercado nacional.
Ante este escenario, el Presidente Peña Nieto subrayó que hay tres principios que no son negociables: la soberanía, el interés nacional y la protección a los connacionales. Y justamente los migrantes han sido parte importante para el desarrollo de las comunidades, municipios, estados y todo el país.
De acuerdo con un estudio publicado por el Centro Pew, hasta 2014, la población mexicana sin documentos en Estados Unidos ascendía a 11.1 millones, lo que sin duda, pone en la agenda del gobierno mexicano este tema como principal.
El Gobierno Federal tendrá trabajar conjuntamente con los gobiernos locales de las cinco ciudades fronterizas: Tijuana, Mexicali, Nogales, Reynosa y Matamoros, que deberán estar preparadas para hacer frente al sin número de deportados, que tras el trago amargo, suelen quedarse en la frontera esperando la oportunidad de regresar con sus familias y continuar con el «sueño americano»
En ese mismo tenor, los hijos de los migrantes mexicanos nacidos en Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses, estarían ante el grave problema de regresar a México sin una identidad propiamente nacional.
Y por si fuera poco, los problemas con los que ya lidiábamos: los repatriados tendrán que hacer frente al racismo y a la xenofobia; a los abusos y al maltrato en ambos lados de la frontera que por un lado estarán exacerbados por el discurso de odio y por otro, debido al abuso de autoridad y la falta de vigilancia.
No, no será suficiente con dar una bienvenida cálida a nuestros paisanos; a su regreso tendrán que encontrarse con oportunidades de trabajo dignas en sus entidades de origen, asesoría legal y psicológica, así como la puesta en marcha de programas sociales que apoyen a sus familias.
México también tendrá que hacer frente a la desestabilización económica que provocará la pérdida de remesas. Se estima que en promedio cada uno de nuestros paisanos envía 300 dólares al mes, lo que significó la entrada de 25 mil millones de dólares al país en 2015.
Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano se comprometió esta mañana a reforzar el diálogo con autoridades estatales y locales en Estados Unidos y estrechar su relación con organizaciones de derechos civiles; además, hicieron un llamado a no incurrir en incitaciones de odio y violencia.
Mediante un paquete de 11 acciones que emprenderán lo antes posible, se pretende incrementar la comunicación entre la cancillería y los ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos y una mayor protección consular.
Lo cierto es que el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete deben tener firmeza para enfrentar la tiranía y xenofobia de Donald Trump. Esperemos que así lo hagan. Es mi opinión…