Corrupción, una de las palabras que más asocian y asociamos a nuestro país. Cada año, a México le cuesta 100 mil millones de dólares esta práctica y de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en la actualidad, el tema ha cobrado mayor importancia en la agenda nacional, pues entre 1996 y 2014, el número de notas sobre corrupción en los medios de comunicación, pasó de 502 a 29,505 en tan sólo 18 años.
La institución señala que, según datos del Barómetro Global de Corrupción, 87 por ciento de los ciudadanos perciben a los funcionarios públicos como corruptos, y es que, aunque se han creado miles de normas y leyes que se dedican a combatir este mal, son pocos los servidores que se comprometen a que éstas penetren durante su periodo de gestión y muchos menos los que le dan continuidad.
En ese tenor, lo sucedido esta semana, luego de que la organización Mexicanos Contra la Corrupción, hiciera más evidente que los esquemas de los gobiernos salientes de Veracruz y Quintana Roo han abusado del poder y se han apropiado de lo que no les corresponde.
Así lo indican también las palabras del vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, “los congresos de Quintana Roo y Veracruz aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción”. Con ello vino, la determinación del Gobierno Federal para castigar la “tenacidad” de Borge y Duarte.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Quintana Roo y Veracruz para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción con reformas que aprobaron recientemente, y que se percibieron como un “blindaje” para los gobernadores salientes por los señalamientos de presunta corrupción en sus gestiones.
Además, anunció que interpondrá controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia contra los nombramientos de fiscales anticorrupción “a modo” y paquetes legislativos que los protegen de investigaciones sobre desfalco o mal manejo de recursos.
Sin duda las acciones que está tomando el Gobierno de la República en materia de blindaje corresponden a vertientes fundamentales:
- El descaro evidente de Javier Duarte y Roberto Borge que utilizaron el poder del presupuesto para comprar a los diputados locales del PRI y del PVEM.
- El expediente de las deudas estatales que violaron abiertamente las leyes sobre esta materia que formaron parte de la reforma financiera.
Javier Duarte deja en Veracruz una deuda de 45 mil 776 millones de pesos, la más alta en la historia del estado, de la cual, 15 mil 839 millones de pesos están por aclararse ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Roberto Borge elevó la deuda de Quintana Roo a 22 mil 541 millones de pesos, convirtiéndola en la entidad más endeudada per cápita. La ASF pidió aclarar mil 15 millones de pesos.
Estas medidas también se aplicarán al gobernador saliente de Chihuahua, César Duarte, quien elevó hasta 42 mil 176 millones de pesos la deuda estatal, de los cuales 900 millones de pesos están sin aclarar ante la ASF. De última hora, solicitó un endeudamiento superior a 6 mil millones, comprometiendo recursos del Fideicomiso Carretero hasta el 2038.
Para Enrique Peña Nieto, estas acciones también representan el preludio de lo que será un largo camino para reconciliarse con el electorado, después de los resultados nada favorables del pasado 5 de julio. Las piezas del tablero de ajedrez rumbo a 2018 comienzan a moverse y las estrategias políticas tomarán mayor realce en los próximos días. Es mi opinión…