Con la recién aprobada reforma política de la capital del país, no sólo dejaremos de llamar Distrito Federal a la Ciudad de México, serán muchas las repercusiones antes de que se asienten los cambios que progresivamente la convertirán en una entidad federativa autónoma.
La reforma que hoy hace que los capitalinos digan adiós a la figura de los delegados y los lleva a la elección de un alcalde y un cabildo integrado por 10 concejales, había estado sobre la mesa desde hace varios años, sin embargo, fue hasta noviembre de 2013 cuando el PRD presentó formalmente la primera iniciativa en la materia, misma que tras ser discutida, un año y medio después, sería votada y aprobada en la Cámara de Senadores.
Desde el día siguiente de la promulgación de esta reforma, entraron en proceso los cambios que tendrá cada una de las demarcaciones que integraban al Distrito Federal y como toda transformación, antes de ver los beneficios reflejados, es posible que lo primero de lo que seamos testigos sea de un desbalance organizacional.
Y es que al convertir un gobierno delegacional a una alcaldía, las demarcaciones pasarán de tener una toma de decisiones unilateral a una en la que se integrarán las opiniones del cabildo y se vigilará la forma de proceder de cada alcalde, lo que no sucedía con las determinaciones tomadas por los jefes delegacionales.
La Ciudad de México tendrá acceso a recursos federales para estados y municipios y será autónoma en materia presupuestal; las alcaldías serán independientes y podrán manejar sus recursos libremente, además de contar con la posibilidad de acceder a programas federales.
Los cambios de la reforma que dará autonomía a la Ciudad de México tardarán en reflejarse pues para dar paso a todos estos cambios deberá elaborarse una constitución propia de la capital del país, que deberá ser redactada por una Asamblea Constituyente, integrada por 100 legisladores, 60 de ellos elegidos de manera democrática y 40 por diputados, senadores, el Jefe de Gobierno y el Presidente de la República.
La reforma política de la Ciudad de México representa la oportunidad de la generación de una constitución local inteligente e innovadora que permita la estructuración de un sistema de gobierno transparente, cercano a los ciudadanos y con la oportunidad de aprovechar los recursos y características de una gran capital.