En los campos agrícolas de Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua prevalece un modelo de explotación y desigualdad que se ha fortalecido durante décadas. Algunos pocos empresarios se han valido de sus conexiones políticas para incrementar su dominio para obtener subsidios gubernamentales para mejorar la producción, mientras que mantienen a sus jornaleros en condiciones indignas, inseguras y de explotación laboral.
Los trabajadores que tienen contacto con plaguicidas no tienen ni la ropa adecuada para protegerse del daño de los químicos, los empresarios contratan a los jornaleros a través de “enganchadores” a fin de evadir cualquier responsabilidad en caso de accidentes o inconformidades laborales, los empleados de la tercera edad no cuentan con una pensión porque nunca estuvieron inscritos al seguro social y eso los condena a una vejez en la miseria, el sueldo es tan bajo que no les alcanza ni para adquirir una canasta básica y las mujeres sufren acoso sexual.
Proagro, antes conocido como Procampo. El subsidio gubernamental que surgió como un apoyo compensatorio para los pequeños productores ante la apertura mercantil del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993, ha repartido a nivel nacional 58.702 millones de pesos en los últimos cinco años, pero no ha cumplido con el propósito de incrementar la productividad agrícola porque beneficia a quienes más tienen y deja fuera a los que realmente lo necesitan.
Fermín Murrieta tiene un pequeño terreno en Ajalpan, una localidad con carencias ubicada en el estado de Puebla, donde siembra cebolla. Alguna vez buscó un subsidio del Gobierno federal para incrementar su producción, pero nunca consiguió el apoyo. Su única alternativa fue emplearse en los campos agrícolas del norte del país como jornalero, donde se ha tenido que someter a extenuantes jornadas laborales y a bajos sueldos, sin seguridad social.
Las condiciones laborales que contravienen las normas persisten en gran parte de los campos del país. Entre 2006 y mediados de 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó 2.557 visitas de inspección a campos agrícolas en los 32 estados del país, donde encontró 55.807 irregularidades. La Secretaría impuso 58,3 millones de pesos en multas, pero las empresas sólo han pagado el 2,5 por ciento debido a que han recurrido a procedimientos legales para no liquidar las sanciones.
Tan sólo durante el sexenio anterior, el del panista Felipe Calderón, las grandes empresas, un 20 por ciento del padrón, recibieron el 60 por ciento de los subsidios, mientras que el restante 40 por ciento se repartió entre los pequeños y medianos productores que conformaron el 80 por ciento del padrón de los beneficiados por Sagarpa durante ese periodo.
En Sonora, el exsecretario de Agricultura, Héctor Ortiz Ciscomani, benefició a sus empresas con unos 30 millones de pesos provenientes de diversos subsidios gubernamentales.
En Chihuahua los rarámuris han tenido que abandonar la sierra tarahumara y sus cultivos de autoconsumo ante la violencia que azota la región y han tenido que desplazarse a otras localidades para emplearse como jornaleros.
Activistas y diversos informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que el gobierno mexicano ha fallado en garantizar condiciones dignas de empleo a los jornaleros agrícolas y los ha condenado a trabajar como “esclavos” con salarios tan bajos que apenas pueden subsistir. Margarita Nemecio, defensora de los trabajadores del campo, dice que esta situación no cambia porque nunca se castiga a las empresas que incumplen las leyes laborales.
“El gobierno los ha condenado a trabajar como esclavos, Los ha expulsado de sus tierras y los ha desplazado de manera forzada a los campos agrícolas del norte del país (…) En estos lugares no importa su nombre, su origen, sus condiciones físicas, mucho menos sus derechos y su dignidad, lo que importa es que rindan, que generen riqueza, que le asegure un futuro lleno de confort a los empresarios”, denuncia el informe Migrantes somos y en el camino andamos de Tlachinollan.
Con información de El País