Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiteró que la Ley de Seguridad Interior mexicana debe considerar la dimensión de derechos humanos.
El representante también alertó sobre la falta de vinculación de la ley con los derechos humanos, pese a que la oficina considera que la “dimensión de derechos humanos” es central en las deliberaciones.
Al presentar la posición general de la ONU-DH, Jarab señaló que la decisión de enviar al combate del crimen organizado a las Fuerzas Armadas es errado, pues ello no corresponde a su jurisdicción, “la lógica militar no debería aplicarse en el combate contra la delincuencia”.
Recalcó que desde la implementación de los militares en el combate al delito, la oficina alertó por graves violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, “el uso del paradigma militar no ha sido exitoso”.
Jarab nombró una serie de afectaciones derivadas de la introducción del ejército en las labores de seguridad pública, como el incremento del número de homicidios y del número de desapariciones que en 2017 rebasó los 33 mil; las deficiencias en investigaciones e impunidad que propician el desconocimiento del porcentaje de homicidios y desapariciones se puede atribuir a servidores públicos, al crimen organizado o al crimen común.
“La estrategia actual incrementó la violencia cometida por otros actores”, debido a la fragmentación de los cárteles que derivó en batallas por el control de la plaza, además se registró un incremento de la violencia que rebasó la capacidad de procuración de justicia.
“El uso de violencia extrema por parte de las autoridades es mal ejemplo para estructuras criminales y la sociedad, normaliza la violencia”, concluyó el representante de la ONU.
Con información de SDP Noticias