Donald Trump, de 78 años, regresa a la presidencia de Estados Unidos en medio de una situación sin precedentes: su victoria electoral coincide con varios casos penales en curso, incluido el relacionado con el pago de $130,000 a la actriz Stormy Daniels, que derivó en su condena por falsificación de registros comerciales. Este escenario plantea interrogantes sobre el equilibrio entre justicia y funciones presidenciales.
¿Puede un presidente en funciones ser juzgado?
La condena contra Trump en mayo fue histórica, siendo la primera vez que un expresidente estadounidense enfrenta cargos penales. Sin embargo, su equipo legal argumenta que su investidura como presidente electo debería desestimar el caso o, al menos, posponer los procedimientos hasta el final de su mandato, que comenzará oficialmente el 20 de enero.
La Corte Suprema dictaminó anteriormente que un presidente no puede ser procesado por actos oficiales, pero los fiscales de Manhattan, encabezados por Alvin Bragg, sostienen que el caso se centra en acciones personales, como el pago a Daniels.
Tensiones entre justicia y gobernabilidad
Los fiscales han solicitado más tiempo para definir la estrategia procesal, mientras el juez Juan Merchán evalúa si avanzar con el caso o aplazarlo durante el mandato de Trump. Esto plantea un dilema: ¿cómo garantizar justicia sin comprometer la capacidad del presidente para gobernar?
La posibilidad de imponer una pena de prisión a un presidente en funciones genera tensiones legales y políticas. Aunque expertos ven improbable que Trump sea encarcelado, señalan que su presidencia enfrentará obstáculos si los procedimientos continúan.
Repercusiones políticas y jurídicas
Trump, quien se ha declarado inocente, asegura que los casos en su contra son intentos políticamente motivados para debilitar su gobierno. Su portavoz calificó las decisiones judiciales recientes como «victorias totales», mientras sus abogados buscan anular su condena.
Este panorama inédito no solo pone a prueba el sistema judicial de Estados Unidos, sino que también abre interrogantes sobre las implicaciones globales de un segundo mandato bajo estas circunstancias.