En un movimiento que ha generado indignación, sorpresa y profunda preocupación ciudadana, los diputados de Morena aprobaron una reforma que reduce las penas a los funcionarios públicos que cometan actos de extorsión, uno de los delitos más graves vinculados con la corrupción y el abuso de poder en México.
La modificación al Código Penal Federal fue avalada en comisiones con el argumento de “armonizar sanciones” y “evitar duplicidades”, pero en la práctica, disminuye los castigos a servidores públicos que usen su cargo para exigir dinero, favores o beneficios ilícitos, debilitando así uno de los pocos mecanismos legales que penalizaban el abuso de autoridad en el servicio público.
Hasta ahora, el delito de extorsión cometido por funcionarios podía castigarse con penas de entre 8 y 15 años de prisión, además de la destitución e inhabilitación del cargo. Con la reforma impulsada por Morena, las sanciones se reducen significativamente, abriendo la puerta a que quienes abusen del poder enfrenten castigos mínimos o incluso salgan libres bajo fianza.
“No, no es una exageración: Morena acaba de aprobar que los funcionarios que extorsionen al ciudadano puedan recibir penas más bajas. Un golpe directo al Estado de derecho”, señalaron críticos en redes sociales y expertos en justicia penal.
Organizaciones civiles y juristas han advertido que esta decisión normaliza la corrupción institucional y rompe la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, en un momento donde el país enfrenta una ola de escándalos de abuso de poder, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.
El debate también ha puesto en evidencia la incoherencia del discurso oficial. Mientras la llamada Cuarta Transformación presume una “lucha frontal contra la corrupción”, en los hechos se legisla para suavizar las consecuencias de esos mismos actos.
Para especialistas, el mensaje político es devastador: “Reducir las penas por extorsión desde el poder es admitir que la corrupción ya no es una excepción, sino una práctica tolerada”, advirtió un analista consultado.
El tema será enviado al Senado para su discusión, pero el daño simbólico ya está hecho. Para muchos ciudadanos, esta reforma representa una traición directa al compromiso de justicia y transparencia que Morena prometió desde su llegada al poder.
