La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), encargada de velar por la seguridad y bienestar de la población en temas de salud, enfrenta una situación sorprendente, alarmante e irónica. Desde el pasado 3 de agosto, la dependencia ha sido invadida por una plaga de chinches que ha puesto en evidencia la ineficacia en la gestión y el incumplimiento de medidas preventivas.
Las primeras señales de este problema se manifestaron en los sillones de la recepción, donde se detectaron los insectos indeseados. Sin embargo, la respuesta de las autoridades se limitó a colocar cinta amarilla de peligro, en lugar de abordar el asunto de manera adecuada, sin importar que la propagación sea mayor.
La situación se tornó más grave cuando las chinches, lejos de ser erradicadas, se desplazaron hacia otras áreas de las oficinas de la Cofepris, ubicadas en Marina Nacional #60, Piso 4. A pesar de las advertencias previas, las autoridades optaron por minimizar el problema y no tomaron medidas efectivas para contenerlo, afectando directamente a las 200 personas que trabajan en estas oficinas y que no pueden hacer uso de las instalaciones con tranquilidad.
En un inusual giro de eventos, el área de Recursos Humanos decidió tomar cartas en el asunto, utilizando líquido para combatir las chinches, pagado con su propio dinero. Sin embargo, esta acción resultó contraproducente, ya que estas se dispersaron hacia áreas como capacitación y control de asistencia, incluso llegando a colonizar las sillas utilizadas por el personal.
Ante esta situación crítica, las autoridades han anunciado que llevarán a cabo una fumigación para intentar resolver el problema. Pero, de manera indignante, están OBLIGANDO al personal seguir laborando durante la fumigación, poniendo en riesgo su salud por los químicos que se necesitan para eliminar el problema.
La infestación de chinches en la Cofepris no solo pone en entredicho su capacidad para salvaguardar la salud pública, sino que también destaca la necesidad de una revisión profunda de sus protocolos de mantenimiento y medidas preventivas. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades podrán resolver este problema y restaurar la confianza en una institución cuya función primordial es precisamente la protección de la salud de los mexicanos.