El Tribunal Supremo Militar de México ratificó la pena impuesta a ocho militares por colaborar con el cartel de Los Zetas entre 2010 y 2011, pasarán 26 años en prisión.
Igual que el jurado que los condenó en primera instancia el pasado abril, el Alto Tribunal ha desestimado las torturas a que fueron sometidos durante el proceso. Torturas infligidas por policías militares judiciales, que se encargan de investigar delitos en el ámbito castrense. O dicho de otro modo, torturas que sufrieron de mano de sus propios compañeros.
Los ocho militares detenidos relataron que en marzo de 2011, policías judiciales militares los detuvieron en su batallón, con sede en Saltillo, Coahuila. Los trasladaron a un galpón dentro de las instalaciones del cuartel y los interrogaron con técnicas de tortura. Al parecer, los judiciales trataban de probar que los ocho habían pasado información a enlaces de Los Zetas: por dónde saldrían a patrullar, dónde instalarían un puesto de control. Por entonces, Los Zetas habían desplazado al Cartel del Golfo en Coahuila y amenazaban su hegemonía en el norte del país.
Los tuvieron allí durante días, a golpes. En sus declaraciones al Ministerio Público militar, dieron detalles de aquel infierno: «Al sentir que me asfixiaba, comenzaba a manotear (…) Al tiempo de unos minutos me quitó la bolsa de la cara y me volvió a hacer la pregunta, que quién era TAURO, para quién trabajaba y que me dejara de hacer pendejo (…) [Luego] me quitó las esposas y me pidió que me desnude. Al desnudarme, me tira en un colchón, me amarra de pies y prácticamente la totalidad del cuerpo para que no me moviera y poniéndome un trapo en la nariz, comenzaban a tirarme agua en la cara».
Para Ramiro Ramírez, abogado de los ocho, su colaboración o no con Los Zetas no es el tema: «Es un juicio viciado y de esos vicios solo es culpable la misma Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, al permitir a sus agentes de la policía judicial que privaran de la libertad y torturaran a los sentenciados».
Durante el juicio, Ramírez insistió en que había jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apoya la nulidad de procesos, en que uno o más testimonios se obtienen mediante tortura.
Al inicio del proceso, dos de los ocho, Francisco Javier Soto y Sócrates Humberto López, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El ombudsman investigó y elaboró un informe que probaba la tortura de los judiciales. Para evitar su publicación la Sedena llegó a un acuerdo, reconoció la tortura y accedió a pagarles una indemnización, 2.500 dólares. Sin embargo, el proceso continuó como si nada.
Con información de El País