El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, consideró que la desaparición forzada de personas no está erradicada en el país y pese a su magnitud no se ha hecho lo suficiente para atender, solucionar y prevenir que se repita.
La impunidad en estos casos durante décadas, en especial durante el setenta y ochenta del siglo pasado, ha generado condiciones para que estos delitos tan graves se sigan cometiendo como se demuestra en el caso de los lamentables hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con cifras oficiales, en el país hay, a octubre de 2016, 29 mil 903 personas desaparecidas.
Tamaulipas y el estado de México son los dos estados con más personas en esa condición: 5 mil 563 del total y 2 mil 984, respectivamente.
El ombudsman subrayó que el Estado mexicano no ha atendido de manera oportuna y suficiente las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil y de víctimas sobre la expedición de una ley que tipifique de manera adecuada el delito de desaparición forzada de personas, que incluya un tipo penal que sancione las cometidas por particulares.
«La desaparición forzada de personas y la cometida por particulares continúan siendo una realidad en el país y constituyen uno de los actos más graves con que se atenta y niega la dignidad humana. En el caso de la primera, es una de las violaciones más graves a las garantías fundamentales, considerada de naturaleza continua o permanente, ya que no se agota con el acto privativo de la libertad; por el contrario, su consumación se prolonga en el tiempo hasta en tanto la víctima no aparezca o se determine su destino. Constituye una violación pluriofensiva que atenta no sólo en contra de la persona desaparecida, de sus allegados y familiares, sino agravia a la sociedad en su conjunto, cuya comisión demanda de manera inmediata la localización de las víctimas y la identificación de los probables responsables», explicó con detalle el funcionario.
Con información de La Jornada