Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en el marco de esta fecha, sin bombo ni platillo, aún flotan en la web historias, estadísticas y acciones emprendidas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres; cifras con las que se celebró este día, pero que apenas rozaron la profundidad de las problemáticas a las que el género femenino debe enfrentarse.
Entre los principales problemas que acechan a las mexicanas está la violencia de género, definida como un acto violento sexista que tiene como resultado posible daño físico, psicológico o sexual, incluyendo amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad.
Estos actos, en lo público o en lo privado, tienen los mismos resultados, siendo el feminicidio, el más inaceptable, pero también el desenlace más cotidiano por el que tuvieron que atravesar cientos de familias.
De acuerdo con datos de la ONU, en México son asesinadas 7 mujeres cada día. Esta terrorífica cifra convierte a nuestro país en uno de los integrantes del G-20 donde las mujeres se encuentran más desprotegidas después de India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica.
Según datos arrojados por el INEGI, entre 2013 y 2015, 6,488 mujeres fueron asesinadas, lo que muestra un incremento de 46% en comparación con el periodo 2007-2009. En los últimos tres años, el Estado de México registró 1,045 homicidios de mujeres, seguido en números por Guerrero, Chihuahua, la Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca.
Y es que los cientos de feminicidios llevados a cabo en varias partes del país han encendido los focos rojos sobre el peligro que representa ser mujer en México.
Primero fue Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde la desaparición y el asesinato de mujeres fueron un asunto de relevancia internacional desde la década de los 90. Hasta el 2012 se habían contabilizado aproximadamente 700 feminicidios en dicha ciudad, lo que llevó a México a ser condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las omisiones e irregularidades cometidas por las autoridades en esclarecimiento de los hechos y peor aún, por la nula protección brindada a las mujeres ante los actos de violencia en su contra .
Por si fuera poco, de acuerdo con un estudio realizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, en México, la ola de violencia contra las mujeres agudizada en distintas entidades a partir de 2012, es hasta la fecha aceptada por una tercera parte de la sociedad.
¿No me cree?
Para muestra también los resultados de una encuesta realizada por Parametría a nivel nacional, que indican que 40% de los mexicanos conoce a alguna mujer maltratada física y emocionalmente, mientras que 35% también conoce a algún familiar o amistad del género femenino que sufre violencia en su hogar.
En cuanto a quién o quiénes son los culpables de la violencia contra las mujeres, la encuesta reflejó que 37% de la población cree que la sociedad es la principal responsable de la violencia que sufren las mujeres; 36% culpa al gobierno de la situación y el 18% atribuye a las propias mujeres dicha condición.
Los esfuerzos en algunos estados para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, y la tipificación del delito de feminicidio, han sido sin duda, insuficientes.
El más reciente recurso jurídico con el que contamos a nuestro favor es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un mecanismo contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Dicho sistema está conformado por acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia, así como eliminar desigualdades derivadas de una legislación o política pública que agravie los derechos del sector femenino.
La alerta para una entidad debe ser solicitada a las autoridades federales por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales u organizaciones de la sociedad civil; sin embargo, no resulta tan sencillo obtener la declaratoria de este mecanismo, ya que se debe evaluar la solicitud y determinar si el estado atraviesa por una situación grave de violencia contra las mujeres, de ser así, el Gobierno Federal, autoridades estatales y municipales deberán trabajar en conjunto para implementar medidas de emergencia que garanticen la seguridad de las mujeres.
Este mecanismo que llama a la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, es una herramienta para impulsar a las autoridades locales a reconocer lo que sucede en su ciudad, pues vale más la administración que solicita ayuda tiempo que la que decide dar la espalda a la situación.
No cabe duda, hay de cifras a cifras y se convierte en tarea de todos, disminuir las malas y aumentar las buenas. Es mi opinión…