La organización no gubernamental de Derechos Humanos, Artículo 19, que trabaja a escala global para proteger y promover las garantías a la libertad de expresión, documentó, en su informe 2016 «Libertades en Resistencia» que el uso ‘‘montos millonarios’’ de publicidad oficial ejercidos de manera arbitraria e indiscriminada, se ha convertido en el ‘‘mecanismo perfecto para limitar los flujos de información independiente y plural’’
De esta manera ‘‘la publicidad oficial funge como caja chica de los gobiernos y como instrumento de presión para fijar las líneas editoriales de los medios para promover a las figuras públicas en turno’’, señala el informe.
El reporte señala que el 2016 fue el año más violento para la actividad periodística, registrando 426 agresiones contra la prensa; 11 periodistas asesinados y en lo que va de la administración federal de Enrique Peña Nieto, ya son 30 los comunicadores que han sido ultimados.
La organización advierte que quien decide expresarse conoce de entrada las reglas: en la mayoría de los casos los ingresos de los medios de comunicación dependen directamente del dinero público, y por tanto el gobierno incide en las líneas editoriales y trunca los alcances de esa libertad; además, es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, donde la violencia contra la prensa tiene garantizada la impunidad, y si se está fuera del sistema de información que prevén las tecnologías los comunicadores son invisibles, y tienen que luchar para encontrar información para difundir.
El informe de 226 cuartillas, documenta que desde el regreso del PRI al poder ‘ esos cuatro años de gobierno se ha articulado la ejecución de múltiples medidas desde diferentes ángulos y niveles de gobiernos que han llevado a que en 2016 la libertad de expresión e información se consolide como un verdadero campo de batalla, donde la violencia –no solamente física– es cada vez más latente.
Respecto de las agresiones, Artículo 19 considera que el gobierno mexicano no ha encontrado la solución a la violencia contra la prensa, al contrario, ha permitido que las condiciones para ejercer el periodismo se vulneren cada vez más.
Con información de La Jornada