Se acumulan los llamados para que la Secretaría de la Defensa Nacional investigue de manera urgente las denuncias que señalan a Blanca Jiménez Zenteno, coronel enfermera de Estado Mayor y subdirectora de la Dirección General de Sanidad, por presuntas irregularidades en procedimientos de adquisición de medicamentos e insumos médicos.
Las acusaciones provienen de trabajadores de la propia Dirección General de Sanidad que han solicitado mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias.
En un documento se describen señalamientos por posibles actos de abuso de autoridad, intimidación laboral y prácticas de corrupción dentro del área encargada de la atención médica de militares y sus familias.
Hasta ahora, estos señalamientos constituyen denuncias que requieren ser investigadas.
Precisamente por la gravedad de las acusaciones y por tratarse de recursos destinados a servicios médicos, las denuncias plantean la necesidad de que Defensa esclarezca lo ocurrido y transparente los procedimientos cuestionados.
El caso cobra relevancia además en medio de reportes sobre problemas de abasto dentro del sistema de salud militar.
Publicaciones recientes señalan que la Sedena estaría surtiendo alrededor de 56 por ciento de las recetas médicas de sus derechohabientes, un dato atribuido a información sobre el abastecimiento dentro de las Fuerzas Armadas.
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Denuncian posibles favoritismos e intervención en compras de Sanidad Militar
Las denuncias internas atribuyen a Jiménez Zenteno una presunta intervención indebida en procedimientos de compra y contratación de bienes y servicios médicos.
Entre los señalamientos aparecen supuestas instrucciones para favorecer a determinados proveedores, posibles adjudicaciones irregulares y la desestimación de observaciones realizadas por personal técnico.
Los testimonios también hablan de posibles represalias contra subordinados que cuestionan instrucciones o se niegan a respaldar decisiones que consideran irregulares.
Otros reportes han señalado presuntas reuniones privadas con proveedores y decisiones de contratación que, por su naturaleza, ameritarían una revisión documental independiente.
Uno de los procedimientos que aparece entre los cuestionamientos puede verificarse en registros públicos de contrataciones.
La Sedena adjudicó en agosto de 2026 un contrato por 40 millones 894 mil 600 pesos a Distribuidora Especialidades 2001, S.A. de C.V., para medicamentos destinados al Centro de Mezclas del Hospital Central Militar.
El procedimiento AA-07-110-007000999-T-623-2026 fue realizado mediante adjudicación directa y quedó registrado en ComprasMX.
La existencia del contrato es verificable.
Precisamente por eso, una investigación institucional tendría que revisar los estudios de mercado, criterios técnicos, participantes, justificaciones de excepción, reuniones con proveedores y cadena de decisiones que llevaron a las contrataciones señaladas.
También han surgido acusaciones relacionadas con una contratación de servicios de diálisis peritoneal para hospitales militares por más de 250 millones de pesos, en la que se denuncia un supuesto intento de favorecer a un proveedor mediante adjudicación directa.
Desabasto y compras millonarias: por qué el caso exige claridad
La preocupación va más allá de una disputa administrativa.
Una mala decisión en la compra de medicamentos puede terminar afectando directamente la atención de pacientes.
Se advierte que procedimientos de contratación que prescindan de criterios técnicos pueden traducirse en medicamentos insuficientes, tratamientos interrumpidos o equipos inadecuados.
Los problemas de abastecimiento dentro de las Fuerzas Armadas tampoco son completamente nuevos.
Información oficial recopilada previamente mediante solicitudes de transparencia documentó que durante 2023 la Sedena registró 931 mil 364 recetas no surtidas efectivamente, con un porcentaje de surtimiento de 73.9 por ciento.
Reportes más recientes colocan el nivel de surtimiento alrededor de 56 por ciento.
En ese escenario, cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades en las compras adquiere una dimensión mayor.
No basta con saber cuánto se compra.
También es necesario conocer cómo se seleccionan los proveedores, bajo qué criterios se realizan adjudicaciones directas, quién interviene en las decisiones y si existen controles capaces de detectar conflictos de interés o posibles presiones internas.
Lo que corresponde esclarecer ahora son las acusaciones relacionadas con la actuación administrativa de Jiménez Zenteno.
El llamado es a investigar.
Revisar contratos, escuchar al personal denunciante, proteger a quienes aporten información y hacer públicos los resultados permitiría determinar si las acusaciones tienen sustento o si deben ser descartadas.
En un sistema de salud donde cada medicamento puede representar la continuidad de un tratamiento, las dudas sobre el manejo de recursos públicos no deberían quedarse únicamente en denuncias anónimas.
