Un duro revés internacional enfrenta el gobierno mexicano. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya resolvió por unanimidad en favor de Ecuador, desechando la solicitud de medidas cautelares presentada por México tras el violento ingreso de fuerzas ecuatorianas a su embajada en Quito el pasado abril, donde fue detenido el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, beneficiario de asilo político otorgado por el gobierno de México.
La Corte consideró que no existían elementos suficientes para dictar medidas urgentes y que la disputa deberá resolverse en un proceso posterior, lo que representa una derrota diplomática para el gobierno mexicano, que había denunciado la violación del principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
El caso se originó cuando México, bajo el argumento de persecución política, otorgó asilo a Jorge Glas, quien enfrenta en Ecuador diversas condenas por corrupción. La decisión provocó tensiones con el gobierno ecuatoriano, que acusó a México de usar el asilo con fines políticos, lo que derivó en la irrupción de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana y la posterior ruptura de relaciones diplomáticas.
La CIJ, sin embargo, determinó que México no acreditó que el exvicepresidente Glas fuera un perseguido político, sino una persona sujeta a procesos judiciales comunes, lo que debilita el argumento central de su queja internacional.
El fallo también pone sobre la mesa un tema delicado: los precedentes de México en la concesión de asilos políticos a figuras vinculadas con casos de corrupción o persecución judicial interna, lo que varios países han interpretado como una instrumentalización del asilo para fines ideológicos o diplomáticos.
La resolución fue celebrada por el gobierno de Ecuador, mientras que en México la Cancillería no ha emitido una reacción formal más allá de “analizar el alcance jurídico del fallo”. Sin embargo, especialistas en derecho internacional coinciden en que esta derrota debilita la posición de México en organismos multilaterales y cuestiona la consistencia de su política exterior en materia de asilo.
“Es un golpe severo a la credibilidad diplomática mexicana”, señaló un exembajador. “La Corte envía un mensaje claro: el asilo político no puede ser refugio para quienes enfrentan delitos comunes.”
